La nueva emergencia y el mínimo |
A la suspensión por parte de la Corte Constitucional de la emergencia económica decretada por el Gobierno a fines del año y la fuerte elevación de la tasa de interés del Banco de la República se agregan ahora dos elementos: la nueva emergencia económica decretada por el Gobierno para hacer frente a las inundaciones y la suspensión, por parte del Consejo de Estado, del decreto de aumento del salario mínimo.
Sobre la nueva emergencia, podemos decir que en este caso sí hay un hecho “sobreviniente” que la justifica: las inundaciones han afectado a casi 100.000 familias en ocho departamentos y han generado grandes pérdidas en el sector agropecuario y daños en la infraestructura. A diferencia de la anterior, que seguramente será considerada inconstitucional, la nueva emergencia sí obedece a los criterios que establecen las normas jurídicas.
Preocupan ahora la magnitud de los recursos necesarios y las propuestas de impuestos para financiarlos y de una inversión forzosa al sector financiero. Sobre lo primero, el Gobierno debe hacer cálculos precisos con respecto a los recursos que se necesitan en 2026.
Sobre lo segundo cabe señalar que el impuesto al patrimonio correcto debe ser a las personas naturales, no a las jurídicas, y solo se recaudaría el próximo año. Además, eleva la carga tributaria al sector empresarial, que ya tiene uno de los impuestos de renta más altos del mundo. Tampoco hay claridad sobre estimativos exactos de lo que se puede recaudar: mientras el Gobierno ha hablado de $ 8 billones, Anif estimó que los ingresos por el impuesto al patrimonio podrían ascender a $ 13 billones.
Una pregunta clave es si habría otras formas de financiamiento. Los propios gobernadores han señalado que se pueden utilizar las regalías disponibles. Y una parte importante podría venir también de eliminar o posponer parte de los casi $ 15 billones en contratos que firmó el Gobierno Nacional antes de la ley de garantías, con un 53 % de aumento en relación con lo que decretó en un período similar la administración Duque.
Sobre las inversiones forzosas cabe resaltar que es un instrumento ineficiente. Mucho más adecuados serían subsidios focalizados a las tasas de interés y garantías a nuevos créditos en las zonas afectadas. Más aún, cabe recordar que cuando el Gobierno quiso establecer hace año y medio un mecanismo similar, el sector bancario propuso el Pacto por el Crédito. El cumplimiento de los objetivos del Pacto ha sido excelente: un 90 % de la meta a los 17 de los 18 meses acordados, con un crecimiento del crédito del 16 % para los sectores priorizados.
El impuesto al patrimonio correcto debe ser a las personas naturales, no a las jurídicas, y solo se recaudaría el próximo año. Además, eleva la carga tributaria al sector empresarial, que ya tiene uno de los impuestos de renta más altos del mundo
Por su parte, el Consejo de Estado tomó su decisión porque el Gobierno no había tenido en cuenta los criterios que establece la Ley 278 de 1996 para el aumento del salario mínimo (inflación, aumento de la productividad, efectos económicos). Obviamente, el panorama político electoral ha sido un factor clave para el apoyo a esta medida, incluso por los candidatos de oposición. Así quedó claro también en la reunión que tuvo lugar el lunes de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, incluso con el apoyo de algunos gremios (Andi), aunque con la oposición de otros (Fenalco). Ya el Gobierno reconfirmó que el aumento será del 23,7 %.
Los efectos del fuerte salario mínimo han comenzado a verse, en particular las mayores expectativas de inflación, el aumento de precios en enero y la decisión del Banco de la República de hacer un ajuste fuerte de su tasa de interés. Está por verse el efecto que tendrá sobre el empleo y sobre la informalidad laboral.
A estos temas se agrega que el crecimiento del PIB en 2025, del 2,6 %, fue inferior al esperado. Es claro que el crecimiento del último trimestre fue débil y que la inversión continuó en niveles bajos. La falta de medidas de reactivación es, sin duda, uno de los motivos, así como las políticas para el sector minero y la construcción, los dos sectores que registraron una contracción.
JOSÉ ANTONIO OCAMPO
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