Anoche tuve un sueño. Colombia recuperaba la cordura y se había decidido un gran pacto social y económico sobre acuerdos fundamentales y se decidía un alto en el camino de la confrontación. Era un mundo feliz, casi coherente. Y, yo, ingenuo, les creía.

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Se decidió una lucha frontal contra la corrupción en lo nacional y en los territorios. En mi sueño, “todos a una, como en Fuenteovejuna”, decidieron que los principios y la ética primarían sobre cualquier consideración. La clase política rentista desaparecía de la faz del país y era reemplazada por funcionarios probos y sin tacha.

Ese acuerdo por fin se encaminaba a la existencia de una verdadera reforma agraria. Los terratenientes y los actores de la violencia en el campo decidían entregar voluntariamente los baldíos de la nación acumulados indebidamente y, en muchos casos, aunque existieran inversionistas de buena fe, se reparaba a las verdaderas víctimas.

Lo recuperado por el acuerdo anticorrupción se invertía en una alianza entre el Estado, las comunidades y los grandes inversionistas, hacia modelos de desarrollo sostenible en el campo. Asegurábamos la soberanía alimentaria y procesos de inserción en la economía internacional que harían palidecer las exportaciones tradicionales.

Con los grandes empresarios y con el sector financiero se aceptó apoyar en el Congreso una gran reforma tributaria progresiva y se pactó por cinco años una disminución de la participación de las utilidades en el ingreso nacional del 20 %, para disminuir el coeficiente de Gini al 30 %. Seguirían siendo ricos, temporalmente ganarían menos, pero en el mediano plazo crecerían sus ventas y sus utilidades en un mundo menos desigual.

La anhelada paz sería el resultado de los logros del Acuerdo, no de los fusiles, los bombardeos ni del silencio de los sepulcros.

Se concertó una política con respecto a la inversión extranjera y la educación. Se entendió que nuestras ventajas comparativas en transición energética podrían conducir a un círculo virtuoso en una agenda de negociación con el mundo para desarrollar proyectos que conducirían a incorporar desarrollo científico, tecnológico, progreso técnico, innovación y capacidad humana y nos permitiría evolucionar a la creación de ventajas competitivas y un paso adelante en el desarrollo.

Los territorios reivindicarían sus vocaciones productivas. El Estado dedicaba sus recursos a fortalecer la formación de capital físico y humano. El Grupo Bicentenario se convertía en un gran banco de desarrollo y financiamiento a tasas de interés que implicarían la recuperación de sus recursos para crear un capital circulante que permitiera su reinversión en otros sectores.

La anhelada paz sería el resultado de los logros del Acuerdo, no de los fusiles, los bombardeos ni del silencio de los sepulcros. Los territorios más ricos transferirían voluntariamente parte de su riqueza a los más pobres, evolucionando hacia un real concepto de nación, asegurando paulatinamente la convergencia.

El Estado cumpliría su labor de combatir los oligopolios, asegurando que nadie pudiera cooptar la oferta de sectores que deberían cumplir con la satisfacción de los derechos fundamentales, en salud, educación, servicios públicos, etc., asegurando que jamás se vuelva a someter a la ciudadanía a prácticas de abuso de precios por las posiciones dominantes de mercado.

Y, en las fronteras, con Ecuador y Venezuela, se lograban por fin una liberación de los factores y una ciudadanía binacional, como plataforma al mundo, libre de los devaneos proteccionistas de los gobernantes de turno. Nunca más unas fronteras cerradas que solo causaron miseria y destrucción.

Desafortunadamente, desperté con una sonrisa que se me borró rápidamente cuando escuché en la radio los dicterios y descalificaciones diarios de una clase política cada vez más indolente, más ciega, más violenta y más mediocre. No fue un sueño, fue un delirio.

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