Gobierno alcabalero |
SEÑOR DIRECTOR:
Me refiero a su editorial ‘Un daño irreparable’ (29-3-2026), sobre el ‘decretazo’, con motivo de la emergencia económica, que crea un impuesto al patrimonio a las empresas, golpea la liquidez y ahuyenta las inversiones. Vale anotar que el gobierno de Gustavo Petro se volvió en extremo alcabalero. La Corte Constitucional debe decidir pronto sobre la legalidad o ilegalidad de las medidas agobiantes de la presente administración.
Petro volvió costumbre querer arreglar muchos asuntos con ‘decretazos’ que son, en la práctica, abusos de poder y exabruptos jurídicos. Para eso los colombianos elegimos senadores y representantes, o sea, la rama que debe legislar sobre nuevos gravámenes y otras situaciones.
El Gobierno, en lugar de recortar el gasto en burocracia la está aumentando, y la política de austeridad se volvió un sueño imposible.
El ‘decretazo’ 0173 cobija la creación del impuesto patrimonial a empresas de los sectores financiero, el minero, el petrolero y universidades. Pero, a la postre, los afectados serán la mayoría de los habitantes de Colombia, empresarios e industriales, los padres de familia con hijos que estudian en universidades. Es una medida que afectará la política de empleo y un freno al aumento de la inversión nacional y extranjera.
Jorge Enrique Giraldo Acevedo
¿Renunciar al arbitraje internacional?
SEÑOR DIRECTOR:
Soportado en hechos ciertos, en los último años Colombia ha ganado la mayoría de los casos de arbitraje internacional. Sin embargo, por decisiones del gobierno del Pacto Histórico, las nuevas cifras muestran que han crecido las controversias y los montos en disputa. El incremento de los litigios está relacionado con cambios regulatorios y determinaciones de la política pública colombiana en sectores sensibles, que pueden derivar en enfrentamientos con empresas extranjeras que quieran invertir en nuestro país.
Lo anterior ha llevado a que el presidente Petro decida marginar a Colombia de este sistema. Alega el Ejecutivo que el modelo representa riesgos fiscales, ignorando que el asunto de fondo es que se pone en riesgo la imagen jurídica de la nación y los posibles efectos que desincentiven la inversión extranjera en Colombia.
Es apenas obvio que, ante la inseguridad jurídica y la falta de reglas claras, los inversores foráneos decidan buscar otros escenarios que garanticen que sus colocaciones no corran mayores riesgos, y que, dado el caso de que se presenten, cuenten con una normativa válida para la resolución de controversias.
Mario Patiño Morris
El ‘derecho’ a la salud
SEÑOR DIRECTOR:
El Presidente dice que la salud es un derecho y no una mercancía. Un derecho provisto solo por un monopolio estatal ineficiente, ideologizado y de muy mala calidad. Un derecho gratuito que convierte a los ciudadanos en esclavos, en mendigos de un elefante blanco oficial que nos acerca más rápido al deterioro físico, que crea un caos administrativo y social y una mayor mortalidad. Gracias, Presidente, pero no nos interesa gozar de ese ‘derecho’ que usted nos ofrece.
Sulia Alfonso