Nunca en la historia reciente de Colombia habíamos afrontado un proceso electoral tan complejo y decisivo. No solo porque, por primera vez, la Presidencia es ocupada por alguien dedicado de tiempo completo a la agitación política con recursos del Estado, sino porque el país no había sufrido un deterioro institucional, social y político de semejante magnitud. El cuatrienio que concluye deja una nación fatigada, fracturada y saqueada. Por eso las elecciones de este domingo 8 de marzo y las del 31 de mayo no son un trámite más: son un punto de inflexión histórico.

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De ahí que el mayor reto de la oposición sea corregir el rumbo del país. Y para lograrlo no basta con unificar el discurso frente al peor gobierno de nuestra historia o, más claro: frente el desgobierno. Como bien lo afirmó el exministro de Petro Alejandro Gaviria: “Estamos ante el gobierno más corrupto de la historia de Colombia”.

Conviene precisar, con hechos irrebatibles, que la corrupción del petrismo no es un episodio aislado ni una simple desviación administrativa: es un patrón que ha normalizado el abuso del poder y trivializado el saqueo del erario. La conversión del presupuesto en botín familiar y político, sumada a la peligrosa tesis de que la ideología excusa la opacidad, es una práctica instalada. Y, más allá de los billones perdidos –lo cual es escandaloso–, resulta más grave que se haya formalizado el desprecio por lo público.

También debe insistirse en la gravedad del colapso del sistema de salud. El daño no se mide en decretos ni en discursos, sino en vidas truncadas. El petrismo sometió el sistema a una demolición ideológica que terminó por destruirlo, mientras Petro justifica con narrativas el desvío de recursos de un sector vital. El resultado: pacientes que aguardan medicamentos que no llegan y tratamientos interrumpidos hasta convertirse en tragedia.

Quien gane en la Gran Consulta y Abelardo deben sentarse, sin dilaciones, a trazar un único camino de unidad a través del mecanismo más ágil. Ninguna voz
sensata podrá, con honestidad intelectual, afirmar lo contrario.

A ello se suma el desafío de encarar la recta final de la campaña en medio del más delicado deterioro del orden público. No es una cifra: es la imagen de una democracia sitiada. Grupos narcoterroristas expandiéndose por el territorio, vastas zonas bajo dominio criminal y la libertad ciudadana erosionada. Todo ello acompañado de la narrativa engañosa del “fraude”, que siembra desconfianza anticipada.

Sin embargo, en medio de este panorama, el reto mayor de la oposición es ganar las elecciones. Las estadísticas presidenciales muestran una tendencia persistente: entre el 30 y el 35 % del electorado vota por la izquierda; entre el 60 y el 70 % lo hace por el centro y la derecha. Incluso las encuestas más recientes ratifican esa realidad. El desafío, entonces, es confirmarla en las urnas.

Para lograrlo se requieren sensatez y humildad. Fue un error la ausencia de Abelardo de la Espriella en la Gran Consulta, cualquiera que haya sido la razón. Pero, más allá de esa circunstancia, corresponde votar por una de las alternativas de ese grupo, pues las consultas son vías democráticas que deben aprovecharse. Los electores de la oposición debemos asumir con responsabilidad qué camino tomar desde el 9 de marzo, para forjar la unidad de ese 60 o 70 % llamado a ganar la presidencia.

Quien gane en la Gran Consulta y Abelardo deben sentarse, sin dilaciones, a trazar un único camino de unidad a través del mecanismo más ágil; no podrá haber voces sensatas que digan lo contrario. La legalidad es un marco; el país es el propósito superior. El desafío no está dentro, sino enfrente: lo encarna el candidato del petrismo, afín a quienes históricamente han buscado destruir la democracia y las instituciones. Por eso no hay espacio para egos ni cálculos políticos menores. Las diferencias deben subordinarse al interés supremo de la Nación; cuando la patria está en juego, lo demás es accesorio.

@ernestomaciast

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