El verdadero fraude |
La narrativa del fraude electoral ha vuelto a instalarse en el centro del debate público. Lo más inquietante es que ha sido alentada por el propio jefe de Estado, con señalamientos al sistema electoral sobre presuntas irregularidades en el software de preconteo y otras historias que solo han sembrado sospechas infundadas. No han sido advertencias sustentadas, sino insinuaciones dirigidas a erosionar la confianza ciudadana, incluso por encima de las urnas.
(Le puede interesar: ‘En junio nos vemos’).
En un país con una institucionalidad electoral imperfecta, pero robusta y vigilada por organismos nacionales e internacionales, convertir la duda en estrategia política entraña un riesgo mayor: deslegitimar de antemano los resultados para tensionar la estabilidad democrática. Así, entre alarmas ficticias y relatos de conspiración, Petro ha liderado el enrarecimiento del ambiente público, envileciendo la verdad. Pero aún más grave: todo esto ha sido su distractor para consumar el verdadero fraude, no mediante la alteración de resultados, sino a través de la compra de conciencias con herramientas del Estado. De forma abusiva, descarada y desmedida, los impuestos de los colombianos han terminado, en parte, en los bolsillos de aliados del poder y, el resto, al servicio político de su sector y hoy de su candidato Cepeda.
Los escándalos de corrupción y el derroche presupuestal bajo el mandato de Petro se convirtieron en un auténtico “festín carroñero”, del que se alimentan –como buitres o hienas– con los recursos públicos. Un banquete permanente. La semana pasada, EL TIEMPO publicó un informe alarmante sobre miles de contratos por más de $ 31 billones entregados a dedo a juntas comunales, cabildos y resguardos, mediante una figura del Plan de Desarrollo que tumbó la Corte Constitucional. Esos recursos, según el monitoreo de ejecución, no llegaron a las comunidades: los manejan sus directivos a su antojo.
El fraude no es el que Petro vocifera. El verdadero fraude no se mide en votos adulterados, sino en conciencias compradas con impuestos degradados en combustible electoral.
A su vez, la revista Semana reveló aspectos de una investigación de la Corte Suprema de Justicia que involucra a más de 30 congresistas en un presunto entramado de corrupción en el Invías, incluso mayor que el ocurrido en la UNGRD. Todo apunta a un doble propósito: comprar gobernabilidad y asegurar apoyos políticos al petrismo. A esto se suman más de 230.000 contratos de prestación de servicios por $ 9,14 billones, y los llamados Equipos Básicos de Salud, con cerca de 10.000 grupos de personas, por $ 4,1 billones. En RTVC, además, han vinculado más de 2.000 contratistas y creado más de 200 cargos. La lista se extiende a múltiples entidades, desde ministerios hasta Colpensiones y Ecopetrol. Más un botín cercano a los 20 billones que tienen listo para lo que viene. Hablamos de un enorme aparato de movilización política financiado con el erario.
Dentro de esta misma lógica no se debe excluir el incremento del salario mínimo. Petro lo fijó siempre por decreto: 16 % para 2023; 12,07 % para 2024 y 9,54 % para 2025. Sin embargo, para 2026 –año electoral–, el aumento ascendió al 23,7 %; asimismo, otorgó beneficios adicionales para docentes del sector público, incluyendo nuevas bonificaciones. Una generosidad que solo apareció en esta coyuntura política.
El fraude no es el que Petro vocifera para sembrar el caos. El verdadero fraude no se mide en votos adulterados, sino en conciencias compradas con impuestos degradados en combustible electoral. Allí se consuma el más grave de todos: la demolición premeditada de la democracia. Que no haya equívocos para Abelardo y José Manuel, como tampoco para Paloma: la contienda real es frente al comunista “don Iván” Cepeda, quien, además de su cercanía con estructuras ilegales, cuenta con el respaldo de un Petro desbordado con las chequeras del Estado, ejecutando un fraude monumental, encubierto bajo el ropaje de legalidad.
@ernestomaciast
(Lea todas las columnas de Ernesto Macías en EL TIEMPO, aquí)