El siniestro del avión Hércules C-130 de la FAC en Puerto Leguízamo, que dejó 69 militares muertos y 57 heridos, no solo enluta a las familias y al país, sino que ha abierto un debate ineludible sobre la capacidad real de las Fuerzas Militares. En medio del dolor, la discusión se trasladó al más alto nivel del Gobierno, donde el intercambio entre el Presidente y la cúpula militar puso sobre la mesa cifras y diagnósticos que resultan inquietantes. Sin entrar en detalles, estas dan cuenta de limitaciones acumuladas durante años y de una estructura que hoy funciona por debajo de lo que el país requiere. Esto último es preocupante y lo central aquí.

Es, ante todo, profundamente lamentable que haya tenido que ocurrir una tragedia de esta magnitud para que el país se detuviera a mirar con seriedad tan inquietante problema. Lo anterior, independiente de cuál haya sido la causa del siniestro, asunto que deberá aclararse pronto y en torno al cual todo lo que hoy se diga son solo especulaciones.

Colombia sigue siendo un país asediado por grupos armados ilegales, con territorios en disputa y poderosas economías criminales en expansión. En ese contexto, la solidez de la Fuerza Pública es una condición básica de seguridad para millones de ciudadanos y fundamental para la prevalencia del Estado de derecho a través del monopolio real de la fuerza y la justicia por parte del Estado. Lo expresado por los propios generales, que aseguran estar cumpliendo la misión aun con menos de la mitad de sus capacidades, es tan admirable como preocupante.

Pero el centro de este debate no puede desviarse. Aquí lo que está en juego es tanto el bienestar ciudadano como el de quienes integran la Fuerza Pública. Por eso, cualquier intento de politizar la discusión, de buscar responsables con fines de coyuntura política o de capitalizar réditos en medio del luto resulta inaceptable y profundamente nocivo. Así como también lo es la sombra de la corrupción que, todo indica, ha incidido en problemas críticos como la permanencia en tierra de equipos esenciales para la movilidad de tropas, entre ellos los helicópteros MI-17.

Esta coyuntura debe ser aprovechada para dar un paso más en la planeación y gestión de la defensa

El país necesita que esta conversación se dé sobre bases serias: información verificable, análisis técnico y voces calificadas. Se trata de decisiones estratégicas que comprometen la seguridad nacional. En suma, esta coyuntura debe ser aprovechada para dar un paso más en la planeación y gestión de la defensa, ser estrictos en todas las líneas de mantenimiento, de revisión de necesidades, fortalecer los mecanismos existentes y adoptar otros que permitan anticiparse a las amenazas y no reaccionar tarde a ellas.

Lo anterior incluye la necesidad de una mayor apertura. Sin desconocer los límites que impone la seguridad nacional, las Fuerzas deben avanzar hacia esquemas más robustos de rendición de cuentas que permitan un control civil informado y riguroso. Solo así será posible construir una política de defensa sostenible en el tiempo, con planes de mantenimiento y renovación proyectados a varias décadas, que no dependan de la coyuntura ni de la improvisación. Al final, de lo que se trata es de garantizar que tragedias como la de Puerto Leguízamo nunca más se repitan.

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