Normalmente el 8 de marzo la noticia es la conmemoración del ‘Día internacional de las luchas y los derechos de las mujeres’, más que justa. Este año, sin embargo, en Colombia esa fecha deberá compartir protagonismo con una cita crucial en las urnas para elegir senadores, representantes y candidatos de tres consultas. Que esta coincidencia sirva para resaltar un dato significativo: la participación femenina en las listas muestra una tendencia sostenida al alza. Más aún, uno de los hechos de esta campaña ha sido que muchas colectividades superan con amplitud el 33 por ciento de cuota femenina que exige la ley.

Es un avance que merece destacarse. Pero tampoco conviene engañarse: persisten nubarrones. En la vida interna de los partidos el machismo sigue siendo, en muchos casos, una realidad difícil de erradicar. Mujeres de muy distintos sectores políticos coinciden en que su batalla continúa siendo doble: por defender sus ideas y, al tiempo, por conquistar condiciones reales de igualdad frente a sus colegas hombres. Ojalá la transformación, que ya se percibe, termine reflejándose también en la forma como las lideresas políticas son vistas, valoradas y tratadas tanto dentro de las colectividades como en el Senado y la Cámara de Representantes. El camino recorrido es importante, pero aún queda trecho. Y estas citas democráticas son significativas.

Dicho lo anterior, volvamos a las elecciones de hoy, que han estado marcadas por la amenaza de los violentos en zonas donde ejercen dominio o disputan territorios. Diversos hechos de hostigamiento han sido denunciados por la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas, la Misión de Observación Electoral e incluso por el propio Gobierno. Todas estas instancias coinciden en advertir sobre riesgos de seguridad en al menos 127 municipios, donde el accionar de los grupos armados o la injerencia de factores ilícitos –como la compra de votos o el trasteo electoral– podrían terminar interfiriendo en el derecho fundamental de elegir y ser elegido.

Pero la antesala de estos comicios no solo ha estado marcada por la amenaza que encarnan la corrupción y los armados, también ha estado determinada, tristemente y vaya paradoja, por los ataques sistemáticos que ha lanzado el propio Presidente de la República contra la organización electoral, cuya idoneidad, transparencia y rigor han sido reconocidos una y otra vez, comenzando por las entidades ya mencionadas que ejercerán labores de observación en los comicios. En una actitud francamente irresponsable, el presidente Gustavo Petro no se cansa de lanzar dardos contra la Registraduría. Sus señalamientos infundados y sus invitaciones incendiarias –la más reciente, a impugnar el preconteo– no contribuyen en nada a la serenidad que exige un momento decisivo para la democracia, como tampoco las órdenes que ha querido impartir, por fuera de su competencia, a los jurados para que diligencien el formulario E14 de una manera que no es la que indica la normativa electoral vigente y en clara contravía de las pautas que la Registraduría ha dado en las capacitaciones. ¿Qué pretende con esto? ¿Por qué generar caos? La actitud asumida por el jefe del Estado carece de antecedentes en nuestra historia reciente y merece ser reprochada con toda contundencia. Sus palabras, lamentablemente, están lejos de reflejar el talante democrático del que tantas veces se ha ufanado.

Lo cierto es que tales insinuaciones deben ser respondidas con un comportamiento ejemplar de jurados, testigos electorales, aspirantes y, sobre todo, de los votantes.

Cuando desde la Presidencia se siembra desconfianza en las reglas del juego electoral, lo que se pone en riesgo no es una entidad ni a un funcionario, sino el corazón mismo de la democracia

Frente al asedio de los violentos y frente a la desconfianza sembrada desde la propia Casa de Nariño, el único camino posible es el voto libre, responsable e informado. Y, sobre todo, masivo. Como ha ocurrido en otros momentos decisivos, las instituciones deberán cerrar filas para dejar claro que Colombia sigue siendo un Estado de derecho, con separación de poderes y con un sistema electoral robusto y confiable que permite expresar en las urnas la voluntad popular.

Al Presidente le corresponde algo elemental: respetar los resultados y dejar de apostarle al caos hoy y en las próximas votaciones de la primera y segunda vuelta por la Presidencia. Ser garante de las elecciones y respetar las reglas del juego cuando no hay ningún indicio de anomalías de ningún tipo en la organización electoral es una obligación democrática del jefe del Estado. Cuando desde el Ejecutivo se siembra desconfianza en las reglas del juego electoral, lo que se pone en riesgo no es una entidad ni a un funcionario, sino el corazón mismo de la democracia. Y en ese terreno Colombia no puede permitir retrocesos.

Por lo que está en juego, por la institucionalidad democrática, por el futuro político y social de este país, los colombianos deben votar masivamente y se les debe garantizar y respetar ese derecho en paz y libertad.

EDITORIAL

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