Heredar el desamparo: quién cuidará de vosotras cuando hayamos muerto |
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El pasado 14 de enero de 2026, en el barrio de Villaverde, al sur de Madrid, se ejecutó el desahucio de dos niñas menores de edad y su abuela. La madre de las niñas había sido asesinada en 2023 por su expareja en un crimen reconocido judicialmente como violencia machista. El lanzamiento se llevó a cabo con presencia policial, servicios sociales y personal judicial.
El dato no es accesorio. Es central para entender lo ocurrido.
Tras el asesinato, las niñas residían con su abuela en la vivienda familiar, en la que habían vivido durante más de una década. No se trataba de un alquiler ni de una ocupación irregular. La vivienda estaba sujeta a una deuda hipotecaria antigua, anterior al feminicidio, que había sido adquirida por una empresa inmobiliaria. El procedimiento judicial llevaba años en marcha. Sin embargo, tras el asesinato, no se implementó ninguna medida eficaz que garantizara la permanencia de las menores en su hogar.
El desahucio se ejecutó. Las distintas administraciones implicadas ofrecieron versiones contradictorias. Desde el Ayuntamiento se aseguró que se habían puesto a disposición de la familia recursos de emergencia; la familia negó haber recibido una alternativa habitacional viable. Según los testimonios recogidos el día del lanzamiento, desde servicios sociales se llegó a argumentar que no podían ofrecer más recursos porque las menores no tenían reconocida oficialmente la condición administrativa de víctimas de violencia de género, a pesar de existir una sentencia firme que acreditaba el crimen machista.
Este punto es clave: la ausencia de reconocimiento administrativo tuvo consecuencias materiales directas. Y esa ausencia remite a un problema más........