El Congreso de los Diputados votará este jueves la convalidación del decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria, con aproximadamente 80 medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo. El Ejecutivo ya ha comenzado a sacar la calculadora para la aprobación de este texto legal y está pendiente de lo que decidan los grupos parlamentarios, con los ojos especialmente puestos en Podemos, que amenaza con tumbarlo, y en el PP, que no ha aclarado cuál será su postura.

Someter a votación este decreto (7/2026, bautizado como 'Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio') lo antes posible siempre estuvo entre los planes del Ejecutivo, sin apurar el mes de plazo que tiene para convalidar sus decretos. Entre sus medidas se encuentra la rebaja del IVA (del 21 al 10%) en productos como la gasolina, el gasóleo, el butano, el propano, la electricidad, el gas, la leña, las briquetas o los pellets, o la retirada temporal del impuesto especial a los hidrocarburos, que en la actualidad equivale a 0,379 euros por litro de diésel y a 0,47269 euros por litro de gasolina. Unos recortes fiscales que el Gobierno calcula que implicarán una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante y de unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio, beneficiosos para el consumidor en términos de ahorro, pero que no limitan los beneficios de las grandes corporaciones y a costa de la recaudación pública. Además, sacaba pecho el Gobierno hace unos días de que no atenderían a las medidas propuestas por el Partido Popular por ser siempre las mismas y consistir siempre en bajar los impuestos, y las medidas que materializa este decreto son, precisamente, de la índole de las que abogaba el PP.

Por otro lado, la prórroga de los alquileres que Sumar le arrancó al PSOE in extremis, contenida en el decreto 8/2026, de "medidas específicas en materia de alquiler de vivienda como respuesta a una crisis de vivienda que podría agravarse sustancialmente como consecuencia de la guerra de Irán", se dejará para más adelante, al considerar el Ejecutivo que no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante exitosamente. Una partición con la que el Gobierno, y especialmente Sumar, querían darse tiempo para negociar con Junts per Catalunya, para que este grupo parlamentario no hiciera decaer las rebajas del IVA a la luz y los carburantes y el resto de medidas específicas para afrontar el impacto de la guerra en Irán, como podría haber provocado si todo fuera en el mismo decreto. El sábado ya aseguraba el secretario general de Junts, Jordi Turull, que votarán en contra del decreto de vivienda cuando se someta a examen parlamentario. 

Cálculos parlamentarios por todas partes

Pese a las reticencias de Junts al decreto de alquileres, el anticrisis les cayó en gracia, porque, a su juicio, el Gobierno había "comprado" las rebajas fiscales que le había propuesto y que ello suponía "una condición clave para valorar el voto favorable" al decreto, por lo que cabe esperar la luz verde de los neoconvergentes. Lo mismo para el PNV, que afirmó que el decreto recogía el "espíritu" de las propuestas que había remitido al Ejecutivo comandado por Sánchez.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se puso un traje más indulgente con el Ejecutivo y con Sumar que de costumbre, y abogó por acercar posturas alegando que "cualquier medida es buena por muy insuficiente que sea". Los más duros, por otro lado, fueron EH Bildu, tildando las medidas de "insuficientes" y criticando las rebajas de impuestos sin control, a su juicio, de los márgenes de beneficios de las empresas. Los abertzales, pese a ello, aplaudieron la ampliación del bono social eléctrico y térmico, la prohibición de cortes de suministros básicos y el mecanismo de ayuda a la industria electrointensiva, medidas que habían reclamado inicialmente.

No obstante, se suele decir eso de que nunca llueve a gusto de todos, y menos en un Hemiciclo tan dispar. Si el troceo de las iniciativas era favorable para las conversaciones con Junts, con Podemos surge el caso contrario: la secretaria general de los morados, Ione Belarra, veía las cosas de manera contraria al pedir que la prórroga de los alquileres se metiera en el mismo texto, algo que ya no se puede revertir. Esto se añadía a otra demanda también definitiva de los progresistas como era el tope del precio de los alimentos y de la energía, iniciativas no contempladas en el decreto del Gobierno.

"Si el presidente Sánchez quiere el voto a favor de Podemos en el Congreso para ese real decreto, ya sabe lo que tiene que hacer: tiene que topar el precio de los carburantes, tiene que topar el precio de la energía y tiene que topar el precio de la vivienda. No en un decreto aparte, que todo el mundo sabe que se va a perder, sino dentro del mismo decreto", argumentaba Belarra, en un escenario que ya no puede ocurrir porque el decreto ya ha sido troceado en dos. En caso de que Podemos cumpliera su advertencia y votara en contra del decreto y no solo se abstuviera, su convalidación el jueves pasaría a depender del PP, al contar con el más que evidente 'no' de Vox.

Los populares tendrían al menos que abstenerse para no sumar una mayoría absoluta junto a los partidos de Belarra y Santiago Abascal. Su sentido de voto se desconoce todavía. El secretario general de los de Feijóo, Miguel Tellado, adelantó el viernes que su grupo parlamentario votaría en contra del decreto de Sumar que prorroga automáticamente los contratos de alquiler, pero emplazó a leer el que se convalida el jueves en el Boletín Oficial del Estado antes de concretar la posición que se tomaría. Ambos textos fueron publicados este sábado en el BOE, y tras dar cuenta de ellos,Tellado se limitó a decir, en un acto de Nuevas Generaciones, que el Gobierno se limitó a "malcopiar medidas del PP y además hacerlo a medias", palabras que no aclaran los derroteros por los que irán los neoliberales en la sesión plenaria.

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