El año 2024 ha resultado aciago para la credibilidad de la Justicia. No sólo por las acusaciones de lawfare por parte de un sector del ecosistema político, sino también por la depuración de responsabilidades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para con los magistrados. ElPlural.com ha tenido acceso a las cifras internas del órgano de gobierno de los jueces correspondientes al año 2024 – las del pasado ejercicio están aún por determinar- y el resultado no deja a nadie indiferente. Las fuentes consultadas son cristalinas y los números esbozan un escenario que puede incluso resultar irreal. De un total de 617 denuncias presentadas contra togados, tan sólo el 8% de ellas derivaron en algún tipo de actuación efectiva. Dicho de otro modo: el 92% de los expedientes abiertos acabaron en el limbo. Es decir, archivados. En el mejor de los casos, ese pequeño porcentaje habría desembocado en una sanción.

Los datos consultados reflejan que, de ese total de denuncias (617), 561 fueron directamente archivadas por el Poder Judicial. Sólo 32 de ellas se consideraron para la apertura formal de un expediente disciplinario, mientras que otras 18 se calificaron como faltas leves y se remitieron a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) pertinentes. En términos totales, si se suman los expedientes abiertos y las faltas leves, tan sólo 50 casos pasaron el primer filtro. Una cifra que confirma el escaso recorrido de las........

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