La Fiscalía estrecha el cerco sobre el PP de Catalá y Vox por enchufismo y delitos de odio en el Ayuntamiento |
Según una información publicada por El País, el Gobierno municipal de Valencia, formado por PP y Vox, atraviesa uno de los momentos más delicados desde el inicio de la legislatura. Las investigaciones abiertas por la Fiscalía sobre varios miembros del Ejecutivo local han situado al Ayuntamiento en el centro de la polémica política y judicial, mientras la oposición ha denunciado una gestión marcada por la falta de transparencia, el presunto enchufismo y posibles irregularidades en contrataciones públicas.
La última controversia ha estallado después de que la Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias preliminares contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y las concejalas del PP Paula Llobet y Rocío Gil por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La investigación gira en torno a la posible recolocación irregular de trabajadores procedentes del extinto Consorcio Valencia 2007, la entidad pública creada para gestionar la Copa América y la Marina de Valencia.
Denuncia de la oposición
La denuncia, presentada inicialmente por Compromís y ampliada posteriormente por el PSPV-PSOE, sostiene que varias plazas públicas fueron diseñadas “a medida” para facilitar la incorporación de antiguos empleados del consorcio a diferentes organismos municipales y a la Autoridad Portuaria de Valencia. Según la oposición, se ha producio una “subrogación encubierta” para garantizar la continuidad laboral de determinadas personas tras la liquidación de la entidad pública.
El caso ha adquirido mayor dimensión tras conocerse que extrabajadores del consorcio llegaron incluso a levantar un acta notarial antes de que finalizaran los........