Las claves del enfrentamiento entre Escribano y Moncloa por Indra |
Las claves del enfrentamiento entre Escribano y Moncloa por Indra
Por qué la industrial madrileña Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha roto la fusión tras el cambio de parecer del Gobierno sobre el "conflicto de interés" existente
El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano Ruiz (d) y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos (i). / Eloy Alonso / EFE
Monique Zamora Vigneault
"Se acabó el conflicto de interés", defiende un directivo de una compañía del sector de la defensa. La compañía industrial madrileña especializada en componentes para la industrial militar Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) puso este jueves punto y final a la fusión por absorción con Indra. Una operación que se conoció el pasado 25 de abril y que durante cerca de un año ha generado revuelo mediático y controversias debido al "conflicto de interés" existente ambas compañías. Cabe recordar que el presidente de Indra, Ángel Escribano, es propietario de EM&E junto a su hermano Javier, consejero dominical de la cotizada, y a su vez segundos máximos accionistas de Indra con el 14,3% de las acciones, por detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que cuenta con el 28% del capital.
EM&E subrayó este jueves en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra y Escribano (EM&E)" después de que la SEPI señalara la puerta de salida de Ángel Escribano para "resolver el conflicto de interés" antes de proseguir con la operación de integración. ¿Qué ha cambiado para que Moncloa vea ahora "conflicto de interés" y no cuándo impulsó la operación el pasado año con el objetivo de crear un campeón nacional de la defensa? ¿Qué espera conseguir Escribano al romper la fusión?
El control accionarial en la fusión
La malograda fusión de Indra con la empresa familiar de los Escribano, valorada en unos 2.000 millones de euros tras los últimos contratos logrados al calor del rearme militar, habría apuntalado el control de los hermanos en la tecnológica y hubiera dejado mermado el control accionarial de la SEPI. EM&E hubiera pasado de un 14,3% de las acciones de Indra a un porcentaje que podría haber llegado incluso al 30% del capital, mientras que el brazo inversor del Estado se hubiera diluido hasta cerca del 22% del capital en una potencial fusión por absorción, que fue la primera opción que se planteó cuando se conoció la operación en abril de 2025. Es decir, el temor que ha provocado el cambio de posición de la SEPI es que corría el riesgo de perder el dominio de Indra, la empresa que iba a ser su campeón nacional en defensa y su compañía tractora para el resto de firmas del sector.
Los Escribano, una vez que constataron que el Gobierno estaba sumamente incómodo con la posibilidad de que el Estado perdiera el control de la joya tecnológica y de defensa del tejido empresarial español, plantearon a lo largo de estos meses varias opciones para solucionar la situación, como deshacer el contrato de derivados con el que cuentan actualmente a través de JP Morgan, que les da derecho político al 14,3% de las acciones de Indra, o incluso no alcanzar un porcentaje del capital por encima de la SEPI para salvaguardar los intereses estratégicos del Gobierno. El apoyo de los fondos a Escribano y su cercanía con Amber Capital, del inversor francés Joseph Oughourlian (que también controla el Grupo Prisa), que ostenta el 5% de las acciones, hubiera sido un potencial peligro para el control del Ejecutivo de una compañía considerada estratégica para el Estado.
El frente legal del conflicto de interés
El gran problema de la operación radica en el "conflicto de interés", reconocido por la propia Indra, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Gobierno, que fue el artífice de la operación desde el principio, aunque parece haber descubierto ahora el problema.
Este jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, cartera de la que depende la SEPI, María Jesús Montero, apuntó que ese conflicto de interés no figuraba entre los elementos conocidos por el Gobierno cuando se aprobó el nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra. Según ha explicado, la SEPI considera que existe un conflicto de intereses y que, en estas circunstancias, la operación no puede llevarse a cabo. Montero señaló además que será el propio consejo de administración de Indra quien deba proponer una solución a esta situación. “Nosotros no somos más que parte de la empresa”, ha afirmado durante su intervención en Los Desayunos de RTVE y EFE.
Ante la posibilidad de llegar a este escenario, Indra trató de salvaguardar la operación con la creación el pasado verano de una comisión formada por tres vocales indepedientes con el objetivo pilotar el proceso antes de llevarlo al consejo de administración y además contrató a despachos de prestigio como Garrigues, mientras que EM&E se asesoró con el bufete Linklaters, que lidera en España el expresidente de la CNMV, Sebastián Albella. La tecnológica buscaba con estos movimientos evitar posibles demandas de accionistas minoritarios o críticas públicas como la expresada por la Fundación Hay Derecho. Incluso, los hermanos Escribano no estaban presentes en las discusiones para salvaguardar una apariencia de imparcialidad.
Indra afronta en los tribunales el recurso contencioso-administrativo presentado por la estadounidense General Dynamics, a través de su filial española Santa Bárbara Sistemas, contra la adjudicación de los contratos del programa PEM (programas especiales de modernización) ante el Tribunal Supremo.
El perfil independiente de Escribano
Otro gran obstáculo que ha ido ganando peso en el pulso es el perfil de Ángel Escribano al frente de Indra. La figura de Escribano, que se define ante todo como un industrial, choca con otros ejecutivos de carácter político que lideran compañías del Ibex 35 donde el peso del Estado es elevado como la ex ministra socialista Beatriz Corredor en Redeia, Marc Murtra de Telefónica o Maurici Lucena de Aena, estos dos últimos cercanos al PSC. En un principio, Escribano encajaba en esa lógica como un personaje supuestamente más dispuesto a escuchar las sugerencias del Gobierno. Sin embargo, con el paso del tiempo, su perfil ha evolucionado hacia uno con ambición empresarial y con el foco puesto en relanzar a la compañía en un sector muy competitivo. La llegada de Escribano ha culminado con las adquisiciones de jugadores como Hispasat, Tess Defence o Aertec.
Los nombres que se barajan en las quinielas si Escribano acaba cesado son el exconsejero delegado de Criteria Caixa Ángel Simón, catapultado por el president de la Generalitat catalana Salvador Illa; el director general de Sapa y expresidente de Renfe, Raül Blanco, y Carlos Ocaña, vicepresidente de Telefónica.
Campeón nacional y rencillas con las pymes
Varias fuentes señalan a EL PERIÓDICO que el carácter y la manera de hacer de Escribano le ha enfrentado a pequeñas y medianas empresas del sector, a Santa Bárbara, y a sus socios vascos de Sapa. Su gestión, señalan, está más próxima a las formas de una empresa familiar que a los protocolos que maneja una compañía del Ibex 35. El Gobierno, además, exige celeridad en las entregas y en el crecimiento a través de fusiones y adquisiciones, y esto es algo que no acaba de coger el ritmo deseado por Moncloa, al tiempo que se han perdido once meses valiosos en una fusión frustrada con su compañía familiar.
Indra está lejos aún de tener el tamaño de otros líderes del continente, como la italiana, Leonardo; las francesas, Thales, Safran o Dassault; o la alemana, Rheinmetall. De haber salido la operación y tras el ruido generado, Indra podría haberse enfrentado a una crisis reputacional de difícil digestión ante la Unión Europea, que está acelerando los programas conjuntos de defensa tras el estallido de la guerra de Ucrania y el nuevo foco bélico en Oriente Medio.
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Sapa, tercer accionista de la compañía con el 7,94% del capital, nunca vio con buenos ojos la operación y desde el principio trasladaron que votarían lo mismo que hiciera la Sepi en el consejo de administración a través de su representante, Jokin Aperribay. El plan inversor de Indra pasa principalmente por Asturias, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León y Cataluña, en menor medida. Sin embargo, Euskadi, de momento, se ha quedado fuera de la ecuación. Sapa es una compañía que tiene cercanía al PNV y los jetzales podrían estar interesados en que la huella industrial de Indra también genere empleo en una comunidad con amplia tradición en el sector industrial.
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