La pugna Sepi-Escribano: once meses que no han servido para que Indra sea el campeón nacional de la defensa |
El precio del conflicto de interés
La pugna Sepi-Escribano: once meses que no han servido para que Indra sea el campeón nacional de la defensa
Negociaciones, blindajes jurídicos y tensión entre accionistas han acabado por hundir la fusión con EM&E y dejar a la empresa tractora de defensa en barbecho
Archivo - El presidente de Indra Group, Ángel Escribano. / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo
"La fusión entre Indra y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) nunca estuvo encima de la mesa hasta que Ángel Escribano llegó a la presidencia de Indra", explica un alto directivo del sector de la defensa a EL PERIÓDICO.
La fusión entre Indra y Escribano (EM&E), conocida en abril e ideada desde enero del año pasado como el gran movimiento para levantar un campeón nacional de la defensa (posteriormente renombrado como empresa tractora del sector), ha saltado por los aires tras once meses de negociaciones, blindajes jurídicos y tensión creciente entre accionistas. El desenlace no solo entierra una de las operaciones corporativas más ambiciosas del sector en España, sino una lucha de poder entre sus mayores accionistas: por una parte, Moncloa y su brazo armado, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el mayor accionista de Indra con el 28% de las acciones, y por otra los hermanos Escribano, segundos mayores accionistas con el 14,3% a través de la firma familiar EM&E, además de ser presidente -Ángel- y consejero -Javier-, respectivamente. "Escribano está solo ahora mismo porque en Defensa no te puedes enfrentar al único comprador que hay en el mercado, que es el Gobierno", añade una fuente.
¿Qué ha cambiado para que el Gobierno, que inicialmente vio con buenos ojos la operación, en los últimos meses haya cambiado de opinión argumentando que existía "conflicto de interés? ¿Acaso como subrayó este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ejecutivo desconocía el "conflicto de interés" cuando se empezó a fraguar la fusión? "El Gobierno se ha dado cuenta que Escribano tiene su propia agenda y que está trabajando desde la presidencia de Indra en favor de su compañía familiar", remarcan en el sector. En la SEPI pesa aún la detención de su expresidente Vicente Fernández en el marco del 'caso Cerdán-Ábalos' que habría cobrado de Servinabar 2000, la empresa que la UCO atribuye a Santos Cerdán y a Antxon Alonso.
Lo que en un principio se presentó como una oportunidad industrial empezó a percibirse con el paso de los meses como una amenaza para el equilibrio accionarial de Indra. La malograda fusión con la empresa familiar de los Escribano, valorada en unos 2.000 millones de euros tras los últimos contratos logrados al calor del rearme militar, habría apuntalado el control de los hermanos en la tecnológica y hubiera dejado mermado el control accionarial de la SEPI. EM&E hubiera pasado de un 14,3% de las acciones de Indra a un porcentaje que podría haber llegado incluso al 30% del capital, mientras que el brazo inversor del Estado se hubiera diluido hasta cerca del 22% del capital en una potencial fusión por absorción.
¿Qué queda del plan para convertir a Indra en el campeón nacional de la defensa? "Lo que sí surgió de la presidencia de Marc Murtra, antes de que llegara Escribano a Indra, es la posible adquisición de Santa Bárbara Sistemas, pero las formas de Ángel Escribano dieron al traste a la operación", añade este directivo. Entre la veintena de compañías que Indra tenía en el radar de potenciales compras figuran empresas como Oesía, GMV y la gallega Urovesa, pero ninguna de estas ha fructificado. Los catorce meses de Escribano sí se han saldado con compras como la de Hispasat, Hisdesat, Tess Defence, Aertec o la tecnología de sistemas aéreos no tripulados (UAS) de Wake Engineering. "En España ya no queda nada que tenga tamaño y pueda adquirir", arguye. El plan de Pedro Sánchez es acelerar la creación de un gran grupo español capaz de competir con gigantes europeos como Leonardo, Thales, Safran, Dassault o Rheinmetall.
Aumenta su facturación un 38%
¿Y la valoración de 2.000 millones de EM&E? Para evitar un cambio en la estructura accionarial, la SEPI podría haber planteado una ampliación de capital con suscripción preferentes de los accionistas actuales tras la fusión y así integrar a la compañía madrileña sin dilución, algo que hubiera tenido un coste político para el Gobierno dado el "conflicto de interés" existente. EM&E ha pasado de una valoración en 2021 de 100 millones, cuando la familia Escribano recompró el 33% de la compañía al fondo soberano de Omán, a una valoración de 2.000 millones gracias a los grandes contratos logrados en los últimos años por el rearme europeo.
La fabricante de componentes para la industria militar elevó su facturación un 38% hasta los 488 millones en 2025 y alcanzó un resultado operativo -ebitda- de 195 millones, un 53% más respecto al año anterior. Del total de las ventas, un 65% correspondió a clientes extranjeros. EM&E ingresó 87 millones en 2021, con un beneficio neto ajustado cercano a los 1,5 millones de euros. El múltiplo que los hermanos pagaron por recomprar el tercio del capital hace cinco años fue de 1,15 veces facturación y ahora al calor del escenario bélico en el mundo hubiera sido de cuatro veces gracias al los ratios de crecimiento a los que crece.
La caída de la operación abre ahora una nueva etapa en Indra. Once meses consumidos en una integración fallida, con ruido reputacional, tensión en el accionariado y tiempo perdido para una compañía que sigue lejos del tamaño de sus grandes rivales europeos. La ambición de levantar un campeón nacional de la defensa no desaparece, pero el Gobierno deberá decidir ahora con qué socios y bajo qué reglas quiere construirlo.
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Porque el fracaso de la fusión entre Indra y EM&E no ha sido solo el tropiezo de una operación corporativa. Ha sido, sobre todo, la constatación de que en una empresa estratégica el control pesa tanto como la lógica industrial. Y de que, cuando ambas chocan, en España sigue mandando el accionista público.
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