Juanma Moreno se compromete a no acoger más menores inmigrantes, recortar a ONG y limitar el acceso a ayudas sociales a través de la prioridad nacional |
Juanma Moreno se compromete a no acoger más menores inmigrantes, recortar a ONG y limitar el acceso a ayudas sociales a través de la prioridad nacional
PP y Vox pactan incrementar las pruebas de edad a los inmigrantes, una audotoría del gasto sanitario y "excluir a personas en situación irregular del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales"
Juanma Moreno, investido presidente de la Junta de Andalucía tras alcanzar un acuerdo con Vox / Jose Manuel Vidal / EFE
Las 12 medidas firmadas por PP y Vox en Andalucía supone un viraje profundo del discurso de Juanma Moreno en materia de inmigración. El Gobierno autonómico, que se había desmarcado hasta ahora del discurso de la formación de Santiago Abascal vinculando inmigración con inseguridad o rechazando la acogida de personas trasladadas desde otras comunidades como Ceuta o Canarias, ha acabado adquiriendo exactamente las mismas promesas que los ejecutivos de Extremadura, Aragón o Castilla y León. Una docena de medidas, incluidas dentro de un paquete de 150, que en su mayor parte contravienen el marco legal vigente o que dependen de su aplicación de otras administraciones como los ayuntamientos o el Ejecutivo central.
La primera gran medida es la "prioridad nacional", el lema político de la formación de Santiago Abascal que Juanma Moreno ha querido reducir a un concepto de "arraigo" que ya existe en los procedimientos públicos. Este planteamiento ha sido ya cuestionado por el propio Gavira que ha advertido que lo firmado va mucho más allá de eso. Y así es. La prioridad nacional se incorpora dentro del capítulo dedicado a la inmigración y se desarrolla, al igual que en otras comunidades, con cuatro puntos.
El primero es el arraigo (un periodo mínimo de permanencia en un territorio para acceder a prestaciones públicas). Pero también se plantea la vinculación a la "cotización, permanencia y contribución al sistema) y, sobre todo, la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". El compromiso es que este nuevo modelo, que tiene tantas dudas de legalidad que se advierte de que es necesario cambiar la Ley Orgánica de 2000, esté en vigor en 2027.
La medida tendrá especial incidencia desde el primer momento en el ámbito de la vivienda. La Junta de Andalucía exigirá al menos diez años de residencia en la comunidad autónoma para poder comprar una VPO y de 5 años para el alquiler, una medida que........