Tras el colapso de Rodalies

El Govern destinará 4.000 millones de los presupuestos a las infraestructuras para mejorar la movilidad en Catalunya

La Generalitat cierra el 2025 con el dato de inversión ejecutada más alto desde 2013: 3.423 millones de euros

El Govern y ERC dan aire a la negociación de presupuestos y aplazan el primer debate al 18 de marzo

El Govern recuerda a ERC que el Gobierno se comprometió con la gestión del IRPF en la comisión bilateral de julio

Illa pide a ERC que negocie los presupuestos y los republicanos replican que solo lo harán si "presiona al PSOE" con el IRPF

El president Salvador Illa, y los consellers Albert Dalmau y Alícia Romero. / FERRAN NADEU

El Govern quiere imprimir su sello en materia de infraestructuras y revertir la situación "deplorable" que sufren las vías y algunas carreteras de Catalunya. Después de que el servicio de Rodalies colapsara tras el accidente de Gelida, la Conselleria de Economia que lidera Alícia Romero reajustó el diseño de los presupuestos que se aprobarán este viernes en el Consell Executiu. A esta carpeta, según ha podido saber EL PERIÓDICO, se destinarán 3.986 millones de euros (un 7,3% del total del proyecto presupuestario). Unos 2.006 millones se destinarán a las bonificaciones en el transporte público para mantener la rebaja del 50%, 1.357 millones a las infraestructuras ferroviarias y 523 millones a las carreteras, a los que se suman otros 100 millones para otro tipo de obras.

Estos fondos se dedicarán mayoritariamente a las aportaciones a la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) para financiar el sistema tarifario integrado, a lo que se dedicarán unos 529 millones de euros. Pero también se incrementan hasta los 356 millones la aportación a Renfe por el servicio de Rodalies y la inversión en la conservación de las carreteras (167 millones), después de que se constatara el deterioro de la AP-7 y las flaquezas de la A-2. Infraestructures de Catalunya recibirá 126 millones para actuaciones en estas vías, y otros 193,86 millones se invertirán en los descuentos en peajes y los peajes en la sombra.

Un tren circulando por Sitges / Zowy Voeten

Por otro lado, el Govern destina una partida de 68 millones para que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya haga las actuaciones pertinentes para el tranvía entre Cambrils y Vila-seca en el Camp de Tarragona, y 60 millones para las subvenciones a empresas concesionarias de transporte público para la mejora del transporte regular de viajeros. Siguiendo por los raíles, se invertirán 40 millones para continuar la L9 del metro de Barcelona y hacerle mantenimiento, aunque se reservan otros 34 millones para obras en estaciones de autobuses y carriles bus.

Todo esto después de que la Generalitat haya cerrado 2025 con el dato de inversión ejecutada más alto desde 2013, 3.423 millones de euros; una arquitectura que el propio Govern admite que tiene carencias, por lo que reclama más implicación al Gobierno. Tanto es así que el Ejecutivo central está ultimando con ERC los detalles del consorcio de inversiones que, como avanzó EL PERIÓDICO, será paritario y se prevé que pueda planificar a cinco años vista, con una cláusula que garantice que, cuando no se llegue al 95% de ejecución, se compense hasta el 100%.

Con los presupuestos que el Govern aprueba este viernes, la Generalitat podría disponer de 9.100 millones de euros más que con las cuentas prorrogadas de 2023, recursos que defiende que son imprescindibles para mejorar los servicios públicos en un momento de huelgas de profesores o médicos, de crisis de la vivienda y de alta exigencia de los agentes sociales. El 'sí' de los Comuns ya está garantizado, pero Esquerra se mantiene en el 'no' hasta que se desencalle un compromiso del PSOE con la recaudación del IRPF. Ambas partes tienen hasta el 18 de marzo para tratar de alcanzar un acuerdo en el que ya se está trabajando para evitar que las cuentas se vayan al traste.

Y es que, por ahora, el Govern no quiere ni oír hablar de volver a parchear la situación con unos suplementos de crédito, como tuvo que hacer en 2025, si no consigue el aval de ERC. En el Palau insisten en que por el camino se perderían 1.500 millones de euros y nuevas inversiones que no podrían ejecutarse. De hecho, en abril se prevé que haya "tensiones" de tesorería para pagar gastos corrientes. Pero, en caso de no lograr alcanzar un acuerdo, el Executiu también ha esquivado hablar directamente de convocar elecciones, por más que entre bambalinas en Palau aseguren que el president está "preparado para todos los escenarios".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en el Palau de la Generalitat / QUIQUE GARCÍA / EFE

Junqueras ya ha asegurado que, como respuesta al hecho de haber impulsado los presupuestos sin haberlos pactado antes, su grupo presentará una enmienda a la totalidad si nada se mueve. No obstante, modulará los 'tempos' y, en caso de presentarse, se trata de un recurso parlamentario que no es irreversible, ya que podría retirarlo hasta el momento de la votación en caso de cerrar finalmente un acuerdo. Eso permitiría ganar tiempo e ir a una aprobación definitiva después de Semana Santa, ya en abril. Lo que ninguna de las partes sabe responder por ahora es si un eventual punto de encuentro pasa, sí o sí, por la cuestión del IRPF o bien si se genera un nuevo escenario a partir de otras demandas que puedan hacer los republicanos.

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Con las elecciones de Castilla y León a la vuelta de la esquina -el 15 de marzo- y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a punto para salir al ruedo electoral de Andalucía, el margen para que el Gobierno de Sánchez satisfaga la demanda de ERC se estrecha. Precisamente por ello, Govern y ERC se conceden un poco más de tiempo. El president pide a los republicanos que confíe en su compromiso público de Illa. No se trata, insisten en la Generalitat, de un mero acto de fe, especialmente después de que se haya cumplido con la presentación del modelo de financiación y se haya constituido la empresa mixta de Rodalies, dos carpetas que han salido adelante mientras se tejía una red de confianza entre socialistas y republicanos que ahora está sometida a una prueba de resistencia.

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