Análisis
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. / EFE/ Sergio Pérez
Ernesto Ekaizer
Escritor y periodista.
Mientras el equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examina en calidad de policía judicial los dispositivos clonados del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de hacerlo con los de su subordinada Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y más allá, por tanto, de los nuevos indicios que puedan aflorar, la suerte del fiscal parece ya estar definitivamente echada. Fuentes solventes consultadas por EL PERIÓDICO apuntan que existe alguna inquietud para cubrir esa eventualidad con una personalidad que no procedería del Ministerio Fiscal.
Por qué ¿con independencia de esas diligencias en curso, que podrían localizar pruebas conclusivas, estaría echada la suerte de Álvaro García?
La popular mención anglosajona al 'smoking gun' o pistola humeante, alude, contra lo que se cree, a aquella prueba conclusiva de un crimen o un delito, una prueba alternativa al flagrante delito o un delito que no necesita pruebas. Se trata, pues, de la prueba circunstancial más fuerte, opuesta a la prueba directa. La primera requiere inferencia; la segunda no.
Esa prueba circunstancial más fuerte, el 'smoking gun' sería el correo filtrado a varios medios de comunicación entrada la noche del miércoles 13 de marzo y a primera hora de la mañana del 14 de marzo de 2024. En dicho correo dirigido a la Fiscalía Provincial de Madrid, Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, reconocía el 2 de febrero de 2024 que su cliente había cometido dos delitos fiscales.
"Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert [sic] González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, así como........