El primer juicio contra Ábalos en el Supremo ¿Quiénes son los acusados y los principales testigos?

Juicio por el caso Koldo

El primer juicio contra Ábalos en el Supremo ¿Quiénes son los acusados y los principales testigos?

El exministro socialista, su exasesor y un comisionista comparten banquillo en una vista en la que declararán ministros, exparejas y ex altos responsables de Transportes

El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo este jueves, para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro y su exasesor Koldo García. / Pool - Archivo

A principios del pasado mes de noviembre, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dio por terminada la instrucción de la pieza principal del denominado caso Koldo, que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, al asesor que da nombre al caso y al comisionista Víctor de Aldama ,y que supone el primer juicio por presunta corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez.

Se juzga un presunto 'pelotazo' de más de 16 millones de euros por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas para diferentes administraciones en lo peor de la pandemia, a lo que habría que sumar las dádivas obtenidas por el entonces ministro de Transportes, como fueron el disfrute de propiedades para él y una de sus parejas, que además obtuvo contratos en la administración pública por los que cobró sin trabajar. El instructor concretó todo ello en varios delitos: cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y cuatro delitos de tráfico de influencias.

Por el Salón de Plenos del Tribunal Supremo --que ha acogido juicios de calado como el del procés independentista o contra el que fuera fiscal general Álvaro García Ortiz- pasarán también hasta 75 testigos, si bien los de mayor trascendencia política, como son a presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, deberán dar su testimonio, pero se consiente que lo hagan por escrito.

Estos son los principales protagonistas del caso:

El ex ministro, ex secretario general del PSOE y ex diputado -- abandonó su escaño en el Grupo Mixto el pasado 28 de enero-- se encuentra en prisión preventiva desde finales del pasado noviembre. Se le juzga porque firmó las órdenes de compra para que Puertos del Estado y ADIF accedieran a millones de mascarillas, a cambio de recibir una indebida compensación económica procedente de Aldama, quien, a su vez, se beneficiaba también en términos económicos de las comisiones por conseguir que estos contratos fueran para la empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas, S.L. La misma entidad logró posteriormente adjudicaciones realizadas por Interior y las comunidades autónomas de Baleares y Canarias.

Se le atribuye también la obtención de beneficios en relación con un contrato de arrendamiento con opción de compra que Aldama ofreció al entonces ministro de Transportes en el Paseo de la Castellana de Madrid, "fijándose una renta anual de 30.000 euros, que nunca llegó a abonar el exministro". Otras dádivas fueron el disfrute de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) y el alquiler de un apartamento para Jésica Rodríguez, que era su pareja y también obtuvo plaza en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec) llegando a cobrar sin ir a trabajar. La Fiscalía Anticorrupción solicita que se le impongan 24 años de cárcel.

Koldo García fue chófer de Ábalos, antes de convertirse en su asesor y "hombre para todo", según revelan las conversaciones por whatsApp entre ambos y con Aldama analizadas por la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que alcanzan a la gestión de los contratos pero también a aspectos de la vida personal del exministro y su relación con varias mujeres, así como a sus encuentros con directivos de empresas en el restaurante La Chalana. También se encuentra en prisión preventiva.

Vinculado al PSOE navarro, la investigación ha permitido vincular a Koldo también con prácticas presuntamente corruptas relacionadas con la adjudicación de obras en las que podría estar implicado el sucesor de su jefe en la secretaría de Organización del partido, Santos Cerdán, una parte de las pesquisas que investiga la Audiencia Nacional.

Según las conclusiones del instructor del Supremo, desde octubre de 2019, el comisionista Aldama entregaba a Koldo García "en metálico la cantidad mensual de 10.000 euros, pagos que se habrían prolongado, al menos, hasta el año 2021". Estos fondos se los repartían Ábalos y Koldo García, aunque en algunas ocasiones las entregas fueron efectuadas a Joseba García, hermano de Koldo, en la República Dominicana. Se enfrenta a una petición de 19 años y medio de cárcel.

Después de algo más de dos años desde que estalló el caso, el empresario que comenzó a ser investigado por integrar una presunta trama junto a Ábalos y Koldo, considerado por la Guardia Civil "nexo corruptor" y que se hacía fotos con Pedro Sánchez en mítines socialistas ahora sube vídeos a Tik Tok defendiendo que cuenta con material suficiente para hundir su Gobierno.

El pasado 8 de marzo entregó al juez que sigue con otra parte de la causa en la Audiencia nacional un sobre que supuestamente le dio la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuyo contenido según el vendría a demostrar la financiación ilegal del PSOE con activos del petróleo de dicho país.

Además de estas dos investigaciones, está imputado en el denominado "caso Hidrocarburos" por un fraude millonario a Hacienda en otra causa abierta en la Audiencia Nacional que se conecta con las pesquisas del Supremo por las presuntas gestiones realizadas por Koldo García "en favor de la empresa Villafuel", que habrían tenido como consecuencia que el exministro se beneficiara del alquiler del chalet en Cádiz. Pasó por prisión preventiva fugazmente, pero la Fiscalía instó su excarcelación a cambio de colaborar con la justicia. En su caso, la petición de cárcel se limita a 7 años por parte de la Fiscalía.

Francina Armengol y Ángel Víctor Torres

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han sido citados como testigos por los contratos de mascarillas que adjudicaron a la empresa avalada por Aldama cuando eran los presidentes de Baleares y Canarias respectivamente. El tribunal ha accedido a su petición para que declaren por escrito, en consonancia con la postura de la Fiscalía Anticorrupción.

En la causa obran mensajes entre Koldo y Armengol que denotan cierta confianza entre ambos, ya que el asesor le respondió con un "vale cariño, te mantengo informada de todo" cuando hablaban de gestionar la compra de del material sanitario. Con respecto a Torres, Aldama le acusó en sede judicial de reclamarle 50.000 euros a través de Koldo, si bien no se los dio.

El ministro de Política Territorial y Migraciones, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francian Armengol, durante el acto de presentación del catálogo de la exposición ‘El Arte en la Lucha por la Libertad. Celebrando la Constituci / Fernando Sánchez - Europa Press

Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero

Quienes sí tendrán que acudir presencialmente a declarar al Tribunal Supremo son la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, que ostentó la Dirección General de Carreteras cuando se cometieron los hechos que se llevan a juicio. Ambos están imputados en la parte de la causa que se instruye por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional por su participación en la gestión de los contratos y, en el caso de Pardo de Vera, también le salpica la contratación de Jésica Rodríguez.

Un reciente informe de la UCO ahonda en la implicación de Pardo de Vera en los presuntos amaños y apunta a que apunta que "parte del contenido" de los dispositivos que utilizó en dicho periodo utilizados por la directiva correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados "habría sido eliminado". En cuanto a Herrero, la investigación realizada hasta el momento sobre las mordidas en obras públicas ha desvelado recientemente que ingresó 25.000 euros de la empresa Aquaterra Servicios Infraestructura que, junto a la empresa Acciona, resultó adjudicataria de una obra en La Rioja, por un importe de 92.416.975 euros.

La que fuera pareja de José Luis Ábalos durante aproximadamente un año desde octubre de 2018 se benefició del alquiler de un piso de lujo en la plaza de España de la capital pagado por un socio de Aldama. Allí era visitada por el ministro mientras mantenían su relación, aunque permaneció en la vivienda hasta marzo de 2022. Durante su declaración en el Supremo en febrero del pasado año manifestó que no iba a trabajar a las empresas públicas en las que estuvo contratada, Ineco y Tragsatec, porque le dieron un ordenador, le dijeron que la llamarían y nunca lo hicieron, lo que sí hizo fue cobrar de ellas el salario mínimo interprofesional.

Esta confesión ha sido acreditada por las investigaciones internas realizadas en ambas empresas. La más reciente fue entregada por Tragsa al tribunal el pasado 18 de marzo, y atribuye a la "presión ejercida" por Adif las deficiencias detectadas "en los mecanismos de supervisión y control de la presencia" de Jésica Rodríguez en su puesto de trabajo, que cubrió entre marzo y septiembre de 2021, llegando a percibir 9.500,54 euros brutos.

Por el juicio pasarán también como testigos varios familiares de los investigados, siendo el primero de ellos --de hecho, su testimonio supondrá el inicio del juicio el próximo 7 de abril-- el hijo del exministro, Víctor Manuel Ábalos. Durante su declaración en el Supremo se desmarcó de las declaraciones de Aldama, que apuntó que habría firmado contratos de consultoría en el extranjero que en realidad encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España.

En la misma posición está Joseba Koldo, hermano del asesor ministerial cuyos viajes a la República Dominicana son vinculados por los investigadores con la obtención de efectivo del entorno de Aldama para pagar las mordidas. Igualmente, desfilará ante el Supremo la mujer de Koldo, Patricia Úriz, relacionada con la gestión de cuentas desde las que se realizaron pagos en beneficio del exministro.

El hermano de Koldo García, Joseba García, comparece en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 23 de abril de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

Enriqueta Chicano y otros altos cargos

En el capítulo de testigos también aparecen otros altos cargos como es la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano y el director general de la Policía, Francisco Pardo, que han intentado que sus declaraciones se realizaran por escrito si bien el Supremo ha rechazado dotarles de esta prerrogativa.

Igualmente, está citado exgerente del PSOE Mariano Moreno, en relación con pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor de Ábalos y Koldo que reveló un informe realizado por UCO sobre el patrimonio del exministro. La investigación de estos pagos ha pasado también a formar parte de la parte de la causa que compete a la Audiencia Nacional.

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Igualmente, comparecerán los exjefes de Gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, por supuestos tratos con Koldo, así como los expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado y varios empresarios que se relacionaron con la trama como Carmen Pano, que dijo haber llevado hasta 90.000 euros de efectivo a Ferraz.

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