Hay decisiones que pertenecen a la política cotidiana y otras que afectan a la arquitectura misma de la democracia. Entre estas últimas figura una que rara vez ocupa los titulares, pero de la que dependen todos los demás debates: quién forma parte del cuerpo electoral, es decir, el conjunto de ciudadanos de un país con derecho al sufragio.

Porque antes de decidir quién gobierna una nación, ésta debe decidir quién tiene derecho a elegirlo.

El censo es la expresión jurídica de la soberanía nacional. El cuerpo electoral no pertenece al Gobierno, ni siquiera a la mayoría parlamentaria que lo sostiene. Pertenece a la Nación.

En apenas unos meses han coincidido dos decisiones de enorme alcance: una regularización extraordinaria de inmigrantes y una ampliación sin precedentes del acceso a la nacionalidad mediante la denominada Ley de Nietos.

Sus efectos sobre el cuerpo electoral, sin embargo, no son idénticos. La ampliación del acceso a la nacionalidad produce consecuencias prácticamente inmediatas una vez culminada la inscripción registral y censal, mientras que la regularización extraordinaria actúa de forma diferida al abrir el camino hacia futuras adquisiciones de la nacionalidad por residencia.

Consideradas por separado, ambas pueden responder a fundamentos distintos. Consideradas conjuntamente, producen un efecto acumulativo sobre la composición futura del cuerpo electoral que trasciende el debate administrativo para situarse en el terreno constitucional.

No se trata de discutir la legitimidad de integrar a quienes ya forman parte de nuestra sociedad ni de negar la reparación histórica a quienes puedan tener derecho a ella. La cuestión es otra: si decisiones de semejante trascendencia pueden adoptarse sin un debate parlamentario suficiente, sin una memoria pública de sus efectos y sin el mayor consenso posible entre las principales fuerzas políticas.

Las decisiones que afectan a la composición........

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