Dejen de jugar con la vivienda, por favor |
Dejen de jugar con la vivienda, por favor
Dejen de jugar con la vivienda, por favor / ChatGTP
Toda corrupción es deleznable, pero la que ha destapado el diario Información en el polígono Les Naus de Alicante reúne todos los ingredientes para alimentar a la antipolítica. Una vez más es el periodismo local, el que se hace a pie de obra, el que levanta otro gran escándalo de la democracia española. Una trama dirigida por la ya exconcejal de Urbanismo con el apoyo de la ya ex directora general de contratación pública en conexión con el arquitecto municipal y otros cargos de la Generalitat adulteraron la adjudicación de viviendas de protección oficial a favor de ellas mismas , de sus familiares y de otros políticos. El caso es un bomba de relojería porque deja en evidencia que una parte de la clase política no solo no hace todo lo que puede para paliar el déficit de vivienda asequible que azota a la clase media sino que, cuando pone en marcha una de las pocas promociones de vivienda protegida, los beneficiarios son los mismos políticos y sus familiares o amigos. El chanchullo se hizo a través de una cooperativa. No es la primera vez ni la última. Recordemos lo que pasó en los años 90 del siglo pasado en el caso PSV con la implicación de UGT. El problema no es el instrumento sino, como explica aquí Gabriel Santamarina, la cantidad de vacíos legales que encontramos en la legislación que regula la construcción y, sobre todo, la adjudicación de las viviendas protegidas por diversos y complejos mecanismo. Y una vez más, como ocurrió con las mascarillas en pandemia, nos encontramos con buitres carroñeros que, amparados en la política, tratan de hacer negocio de la angustia ajena. Información ha levantado un caso que ha conmocionado Alicante, ha generado un tsunami en la Comunitat Valenciana y debería reverberar en la política española porque no es un caso aislado.
Catalunya vuelve a experimentar
Como ocurrió con los precios regulados de alquiler en las zonas tensionadas, Catalunya parece dispuesta a volver a ser vanguardia de las políticas de vivienda en el espectro de la izquierda. El preacuerdo para que los Comuns apoyen los presupuestos de Salvador Illa si llegan a presentarse -ayer mismo Esquerra volvió a enfriar esa posibilidad-incluye una modificación legal para impedir lo que llaman la «compra especulativa de viviendas». Nuevamente un concepto jurídicamente indeterminado, como ocurrió con el de «grandes tenedores», que luego será un calvario de interpretar para propietarios, agentes inmobiliarios, abogados, notarios y todo tipo de funcionarios públicos. Es de ensalzar que algunos partidos, como los Comuns, hayan hecho de la vivienda una de sus principales banderas políticas porque es, efectivamente, la principal preocupación de los ciudadanos. Esas buenas intenciones se vehiculan a través de instrumentos normativos que consiguen los efectos contrarios a los esperados y no solo porque los malvados especuladores fuercen su fracaso. Desde 1978, España, Catalunya y Barcelona han sido capaces de hacer compatibles dos derechos reconocidos en la Constitución: el de la vivienda y el de la propiedad. El espacio político de Comuns ha gestionado este área en la Generalitat y en el ayuntamiento sin recurrir a ocurrencias académicas cargadas de ideología que se dan de bruces con un hecho que obvian: la vivienda ha sido desde la posguerra el principal activo de ahorro de las clases populares y de las clases medias. Culpar a esos ahorradores de la crisis actual de la vivienda cuando los fondos solo acumulan el 15% del mercado de alquiler, por ejemplo, no tiene mucho sentido y, todavía menos, condicionar a los herederos el uso del ahorro de sus padres. Es pronto para saber qué pasará con esta iniciativa puesto que puede quedar en nada si Esquerra no vuelve a la negociación e incluirá matices hasta encajarla en la Constitución.
El mundo económico, contra la polarización
La vivienda, la violencia contra las mujeres y la fiscalidad son los principales campos de batalla de la polarización imperante. Cuanto más acuciantes son los problemas, más se esfuerzan los políticos en acentuar la identidad que les diferencia en lugar de los puntos de conexión que tienen sus propuestas. Y algunos representantes sociales y empresariales empiezan a alzar la voz. Lo hizo, por ejemplo, el miércoles Sacha Michaud, fundador de Glovo en una nueva edición de los Diálogos (Im)Posibles con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y en una línea similar el presidente de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, llama en un artículo en EL PERIODICO a fraguar grandes acuerdos políticos que aseguren que la buena marcha de la economía se transfiera a toda la sociedad. Mejores salarios y una fiscalidad más justa así como ley del suelo harían mucho más por el problema que las ocurrencias académicas y redimirían a los políticos de casos como el de Les Naus.
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