El gobierno del presidente Rodrigo Paz necesita trabajar en un diseño institucional que le permita generar gobernabilidad no sólo con la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sino, sobre todo, con la sociedad civil organizada del país.

La solución para esto, sin duda, no puede ser constituir un cogobierno con las principales confederaciones de organizaciones sociales del país, como lo fue durante los periodos de gobierno del MAS-IPSP. Este al parecer le daba a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) “Tupac Katari”, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (CNMCIOB) “Bartolina Sisa”, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros, una potestad para proponer ministros y hasta viceministros.

Fue esta práctica la que le generó gobernabilidad durante esos 19 años de gobierno. Las organizaciones sociales, como representación se la sociedad civil, cumplen -o deben cumplir- un rol interpelador sobre la gestión del Gobierno.  Por el contrario, al hacerlos de esa forma parte del gobierno (cogobierno), no solo los hizo corresponsables de su estabilidad, sino que los convirtió en “brazos políticos” del Gobierno.

El presidente Paz hace poco dijo que no aceptará tal cogobierno con las organizaciones que bloquearon el país durante los 51 días. Sin embargo, en realidad hizo prácticamente eso mismo, pero con la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el Comité pro Santa Cruz y otros de ese departamento, organizaciones que no tienen capacidad de movilización y presión social o, al menos, no tanto como tienen la COB, la CSUTCB, la CNMCIOB y otras del ala popular. Más todavía siendo organizaciones que representan solamente a uno de los nueve departamentos.

Esa práctica termina siendo claramente clientelista, lo que degenera en conductas extremas de corrupción y de uso conveniente de los ministerios en favor del grupo........

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