Marzo arranca con una cifra desgarradora: 11 infanticidios en Bolivia en lo que va del año. Solo esta semana han ocurrido 5 en un hecho consternador, cinco niños habrían sido asesinados por su progenitora quien luego aparentemente se quitó la vida. Se barajan diferentes móviles: situación económica, deudas, posible depresión post parto, falta de redes de apoyo familiares.

El infanticidio se constituye en la forma más alta de violencia hacia los niños. La mayoría de estos delitos son perpetrados por familiares muy cercanos: madres, padres, padrastros y madrastras. Justamente los que hemos decidido criar y estamos llamados a proteger a los más pequeños.

Los datos de infanticidios son desgarradores, pero no se quedan allí. Las cifras indican que de 2021 a 2025 se registraron más de 40 000 denuncias de delitos contra menores en el país. En esos datos se contemplan vulneraciones como violencia familiar, violación, sustracción de menor, proxenetismo, estupro, trata, acoso sexual, corrupción de menores e infanticidios. Especial atención merece que son las niñas y adolescentes mujeres las principales víctimas de estas vulneraciones.

Nuevamente y de forma paradójica, la violencia familiar es la vulneración más recurrente; es decir que quienes perpetran el mayor daño sobre los niños no son desconocidos, sino las personas más cercanas a los mismos, con quienes conviven a diario. El mayor daño ocasionado es el físico, pero también ocupa un lugar importante la violencia psicológica ejercida sobre los niños en el país. Respecto a las agresiones sexuales, un gran porcentaje de las mismas también están perpetradas por personas cercanas a los niños, niñas y adolescentes víctimas; quienes en muchos casos gozan de su confianza y afecto.

Por debajo de las cifras quedan los miles de hechos de violencia no denunciados, minimizados, ocultados y hasta normalizados, pues todavía existe un sistema tutelar y paternalista sobre las infancias y en la práctica no se les reconoce como sujetos plenos de derechos, entre ellos el disfrute de una vida libre de violencias. Este derecho dista mucho de ser plenamente reconocido a nivel público y social; pero tampoco termina de comprenderse ni practicarse dentro del espacio familiar, donde ocurren la mayoría de los casos de vulneraciones.

Se está demostrando que las secuelas de vivir violencias y deprivaciones en los primeros años de vida pueden dejar lesiones profundas a nivel cerebral; pero también afectaciones severas de orden psicoemocional, que pueden condicionar la vida adulta.

Se hace urgente repensar el lugar del niño dentro de la sociedad, nuestras prácticas de crianza, la tutela y paternalismos con los que les consideramos sin dejarles casi espacio a participar y opinar, la escasez de medidas preventivas y de protección frente a las violencias y su vulnerabilidad ante el mundo adulto.

Lamentar 11 muertes de niños en poco más de dos meses nos debe llamar profundamente a la reflexión como familias y sociedad; sobre el lugar, prioridad, trato y respeto a los derechos de nuestros niños. Tenemos una responsabilidad colectiva de construir y brindarles entornos seguros en los que crecer. Duele demasiado lo que está ocurriendo.

© El País