Hablemos de narcotraficantes, señor presidente |
En más de 20 días de conflicto por la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz, su equipo no tuvo mejor idea que acusar a los marchistas de estar siendo movilizados con dinero del narcotráfico. A esto se sumaron las declaraciones de Marco Rubio, quien tuvo la osadía de declarar: “(…) No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”. Como siempre, los medios de comunicación dominantes replicaron esta afirmación sin contraste, cuestionamiento o contexto alguno, lo que es un acto de deshonestidad periodística flagrante.
Este discurso no es casual. Coincide con el reingreso de la Drug Enforcement Administration (DEA) y del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). Estas instituciones, junto a otras siete organizaciones, ya operan en Bolivia y sobrevuelan distintos territorios en tareas de vigilancia y recolección de datos para la elaboración de un nuevo plan de “lucha contra las drogas”. Según el viceministro Ernesto Justiniano, tras su reciente viaje a Washington, el Estado boliviano busca “fortalecer la lucha contra el crimen organizado”. En los hechos, esto implica la incorporación del país a un esquema internacional de guerra contra las drogas que, una vez iniciado, solo deriva en militarización y violencia. Por eso vamos a hablar de narcotráfico
En la práctica, la declaratoria de guerra contra el narcotráfico implica la parcialización del Estado dentro de la disputa entre cárteles. Como señalan Tapia y Madrid (2024), esto supone alianzas “pacificadoras” entre gobiernos y actores narcodelictivos dominantes para limitar o eliminar a........