Inestabilidad política permanente |
La semana pasada, el Congreso del Perú eligió a José María Balcázar, militante de un partido marxista, como noveno presidente del país en menos de diez años. Solamente dos de ellos, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, llegaron al poder por elección popular para cumplir mandatos de cinco años, pero ninguno de los dos llegó al segundo año de su periodo. Ambos están presos: Kuczynski por presuntos actos de corrupción y Castillo por propiciar un golpe de estado fallido en 2022.
Tanto Kuczynski como Castillo fueron sucedidos por sus vicepresidentes, Martín Vizcarra y Dina Boluarte, respectivamente. Estos últimos, temerosos de un Congreso con amplias facultades para destituirlos, adoptaron estrategias políticas radicalmente distintas. Vizcarra se enfrentó a la legislatura, valiéndose de su popularidad relativamente alta y de todas las herramientas legales disponibles, mientras que Boluarte, siendo extremadamente impopular, se sometió a las exigencias del Congreso para conservar la comodidad de su cargo. Ambas estrategias, finalmente, fracasaron. Antes de cumplir tres años en la presidencia, ambos mandatarios serían destituidos y reemplazados por figuras nombradas por el Congreso. Ninguno de estos sucesores duraría más de ocho meses. Uno de ellos duró apenas cinco días.
Lo anterior es apenas un resumen ejecutivo de la crisis política que ha golpeado al Perú en los últimos diez años, obviando muchos detalles críticos. Sin embargo, el problema fundamental es relativamente sencillo. La legislatura peruana, al igual que sus pares en países vecinos, es extraordinariamente corrupta. Adicionalmente, la Constitución le brinda poderes extraordinarios que le ha permitido, desde 2016, minar la autonomía del poder ejecutivo y la integridad del poder judicial.
Al ser un grupo fragmentado y heterogéneo, el Congreso no ha establecido un nuevo orden político. Sin embargo, sí ha distorsionado la democracia a tal punto que ninguna visión de país puede instalarse y gobernar con un mínimo de estabilidad. Intercambiando los cuartelazos por las mociones de censura, recuerda la turbulencia de los primeros catorce años de la historia republicana del país, cuando tuvieron once presidentes, en su mayoría militares representantes de diversas facciones limeñas en conflicto.
Desde afuera, hay quienes observan esta coyuntura con admiración y algo de envidia. ¿Cuánto no darían muchos colombianos por ver destituido al populista incendiario Gustavo Petro, como los peruanos destituyeron al golpista Pedro Castillo? ¿Cuánto no darían muchos argentinos por gozar de una moneda estable, independientemente de quién sea el presidente? Para muchos, los peruanos supieron blindar su exitoso modelo económico totalmente de la política, por lo que pueden resistir cualquier grado de inestabilidad e insatisfacción ciudadana.
Ciertamente, el país goza de muchas ventajas económicas, construidas en las décadas previas a la crisis. Su banco central independiente, libertad monetaria y apertura comercial han sido extremadamente valiosos. También es cierto que algunas destituciones, como la de Castillo, han sido indispensables para prevenir el establecimiento de una dictadura.
Sin embargo, la economía peruana ya está sufriendo las consecuencias de la crisis política. La corrupción y el crimen organizado han empeorado, principalmente por la negligencia deliberada del Congreso. Los efectos socioeconómicos del Covid-19, una crisis que exigía en su momento un liderazgo estable, han sido peores en Perú que en muchos países vecinos. Entre 2010 y 2017, los ingresos per cápita del Perú crecieron en un 25% acumulado, por encima de cualquier otro país sudamericano. Entre 2017 y 2024, crecieron apenas un 3,9%, menos de la mitad de Colombia y Chile. El modelo peruano está fracasando a pesar de sus virtudes económicas. Ninguna economía sobrevive a la inestabilidad política permanente.