En otras entregas de esta columna, he afirmado un principio básico que el gobierno Petro repudia por todos los medios: la soberanía popular no yace en la voluntad del presidente, sino en el funcionamiento de la constitución. El mandatario ha atacado al Consejo Nacional Electoral por pretender destituirlo, pretensión que aquel consejo nunca ha tenido en su riguroso apego a sus funciones constitucionales. Si este gobierno termina antes de agosto de 2026, será porque el Congreso de la República, frente a evidencia innegable de crímenes repugnantes y aterradores, juzgará al presidente y determinará su culpabilidad.

Los golpes de estado son esencialmente atentados contra la Constitución, no contra el presidente. Los mismos presidentes pueden ejecutarlos, como intentó Pedro Castillo en 2022 en Perú, o como lo logró Nicolás Maduro en 2017 cuando cerró arbitrariamente la Asamblea Nacional de Venezuela. Por otro........

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