Sin duda existe la posibilidad de que Gustavo Petro esté preparando el terreno para desconocer un eventual resultado electoral adverso o, peor aún, que contemple un autogolpe para perpetuarse en el poder. Lejos de ser una teoría aislada, esta posibilidad se sustenta en una serie de acciones y discursos que, en conjunto, apuntan en esa dirección.

Aunque no existe evidencia confirmada de que Petro esté planeando un autogolpe, sí hay elementos que alimentan esa sospecha. Uno de ellos es su estilo de gobierno confrontacional frente a otras ramas del poder. En repetidas ocasiones ha chocado con la Corte Constitucional, el Congreso y el Banco de la República; incluso ha intentado gobernar mediante decretos controvertidos. Estas tensiones llevan a pensar que busca un debilitamiento de los contrapesos institucionales.

Otro elemento revelador son las constantes acusaciones de Petro sobre un supuesto fraude electoral en contra del Pacto Histórico y su candidato, Iván Cepeda. Lo problemático no es solo la denuncia en sí, sino la ausencia de pruebas concretas que la respalden. Esta conocida estrategia suele utilizarse para sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral antes de que ocurra, generando así un pretexto para desconocer los resultados si estos no le favorecen.

A esto se suma su discurso recurrente de victimización. Petro ha sostenido de manera constante que no lo han dejado gobernar, señalando a “los oligarcas”, “los grupos financieros” y otras élites como responsables de bloquear sus reformas. El tono y la frecuencia de estas acusaciones sugieren algo más profundo: la construcción de una narrativa en la que cualquier obstáculo institucional es presentado como una conspiración ilegítima. Este discurso resulta funcional para justificar medidas extraordinarias bajo la premisa de “defender la voluntad popular”.

En paralelo, los cambios en la estructura de las Fuerzas Militares no pueden ser ignorados. El “despido”, desde el comienzo de su gobierno, de generales con amplia experiencia, reemplazados por mandos más jóvenes, junto con mejoras salariales significativas para las tropas, apunta a una reconfiguración del aparato militar. Aunque estas decisiones pueden tener explicaciones administrativas, también es razonable interpretarlas como un intento de consolidar lealtades dentro de una institución clave en cualquier escenario de ruptura institucional.

El punto crítico es que estos factores no operan de manera aislada. La combinación de deslegitimación anticipada del sistema electoral, confrontación constante con otros poderes del Estado y reconfiguración del estamento militar configura un terreno fértil para una eventual crisis democrática. No se trata simplemente de tensiones normales dentro de un gobierno, sino de señales que, vistas en conjunto, y considerando la forma en que actúa Petro, sugieren la preparación de un escenario en el que un autogolpe podría ser presentado como una acción legítima y necesaria.

Colombia ha sido históricamente un país con instituciones resilientes, pero ninguna democracia es inmune a procesos de erosión gradual. Cuando un gobernante insiste en que el sistema está en su contra, que las elecciones pueden ser fraudulentas sin pruebas y que las instituciones y las élites le impiden gobernar, está construyendo una justificación política altamente peligrosa.

En este contexto, la posibilidad de un autogolpe ya no puede descartarse como una simple especulación. Más bien, debe entenderse como un riesgo latente que exige vigilancia, debate público y una defensa activa de las reglas democráticas antes de que sea demasiado tarde.

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