Tremendo sapo |
El examen de las políticas que implementan los sucesivos mandatarios muchas veces exige devolverse en el tiempo, ir al origen de las medidas que se han adoptado para establecer con claridad sus efectos. De hecho, las consecuencias de muchas decisiones -con frecuencia, de las más relevantes- no se esclarece plenamente sino una vez han transcurrido los años e incluso las décadas.
El reconocimiento que hace unos pocos días hicieron los integrantes del entonces secretariado de las Farc sobre su participación en el reclutamiento de más de 18.000 menores de edad para su uso bélico y en condiciones casi que de esclavitud responde a esa situación.
He tenido la oportunidad de tener algún conocimiento sobre el fenómeno, no sólo a partir informes de prensa, entrevistas y documentales que lo ilustran, sino gracias a conversaciones que he podido sostener con algunas de las víctimas. Conversaciones informales, de esas que llegan sin que nadie las haya planeado y en las que las personas concernidas tienen la libertad de expresar su punto de vista en escenarios reservados, sin agenda alguna y sin esperar ningún resultado en particular.
Son, en su mayoría, mujeres, hoy adultas, cuyo secuestro (porque ése es el término que mejor ilustra esta realidad) arribó cuando eran a penas adolescentes. Las historias son dramáticas. No haré una descripción de los vejámenes que tuvieron que padecer. Primero, porque se trata de horrores que la opinión pública conoce bien y, segundo, porque no es tal el propósito de la columna.
Como decía al inicio, mi objetivo radica en examinar las consecuencias de las decisiones estatales. Su legado, si así se le quiere llamar.
Uno de los temas que mayor preocupación me despierta recae sobre el valor de la proporcionalidad. Un parámetro que por estos lares no suele tomarse muy en serio, pese a su importancia medular. Particularmente, de cara a decisiones difíciles, es decir, de cara a aquellas en las que es necesario establecer los sacrificios que acarrea una medida y los beneficios que genera.
El acuerdo con las Farc despertó siempre esa preocupación. Pese a la repetición reiterada de la consigna según la cual las víctimas estarían en el centro del acuerdo, lo cierto es que hubo reparos insistentes acerca de lo que la sociedad colombiana cedía y lo que ella iba a recibir a cambio.
Tal como lo anticiparon las voces cautas, hoy cunde la decepción, el desengaño. Los términos en los que los señores del secretariado han hecho reconocimiento de su participación en el reclutamiento de más de 18.000 menores parecen como si se hubiera tratado de un simple hecho de esos que sobrevienen en la esfera de los conflictos armados y no uno de los capítulos más aterradores de la historia de este país.
¿Qué recibieron las víctimas a cambio de tan desteñido e insustancial reconocimiento? ¿Consideran ellas haber estado en el centro del meollo?
No cuestiono a quienes consideran haber encontrado una dosis suficiente de verdad y reparación. Percibo, sin embargo, que no se trata de un sentimiento generalizado. Muchas víctimas estiman que hay una desproporción manifiesta entre las concesiones que los señores del secretariado y su aporte a la construcción de una paz verdadera. Varias de ellas esperaban un compromiso sincero, y no una mera actuación de trámite, orientada a superar el requisito de forma y no a ayudar a la superación de las secuelas del conflicto.
Para estas víctimas y para muchos otros colombianos, este insulso reconocimiento es un sapo muy difícil de tragar.