De nada sirven las normas que consagran derechos y garantías si se quedan escritas y son ignoradas, burladas y vulneradas a diario, contra postulados esenciales del Estado Social de Derecho.

Es el caso del sistema de salud vigente en Colombia: desde hace tiempo se encuentra en una crisis muy grave, que va en aumento. Colapso financiero, cierres de centros de servicios, desatención, arbitrariedades, corrupción, acaparamiento de medicinas, incapacidad del Estado para proteger a las personas y para exigir de las entidades prestadoras de salud sus más elementales obligaciones.

La Procuraduría General de la Nación ha concluido, respecto al funcionamiento y operatividad del sistema de salud, que “se ha producido un deterioro progresivo en su estructura, lo cual pone en riesgo las vidas de muchos colombianos”. Se han propuesto reformas legales, pero, por causa de la polarización existente, el Congreso no las tramita ni las discute. La política, por encima de los derechos fundamentales.

Según el Ministerio Público “los resultados de las visitas administrativas a 18 EPS, incluyendo 9 intervenidas, han revelado un dato crítico: la intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha resultado en un empeoramiento de las condiciones de acceso y sostenibilidad financiera.

En la Nueva EPS, después de la intervención, el costo de prestación de servicios de salud superó los ingresos, pasando del 95.6 % en 2022 al 121 % en 2023, con un patrimonio que se tornó negativo en -$4.4 billones en 2024".

A finales de 2025, la Procuraduría hablaba de una cifra alarmante de más de 131.000 tutelas incoadas y más de 33.000 incidentes de desacato. Violación flagrante de la Constitución y los derechos.

Es muy grave que se tenga que acudir de manera permanente al amparo judicial, cuando el sistema debería funcionar adecuadamente -en guarda de la dignidad, la salud y la vida de las personas-. Pero es todavía más grave que los fallos de tutela sean desacatados, como informa la Procuraduría.

En las últimas horas, en Palestina (Huila), un niño de apenas 7 años -paciente de hemofilia- falleció tras esperar durante dos meses que la Nueva EPS le entregara los medicamentos esenciales para sobrevivir. Y este no es el único caso. Se han presentado muchos más y se seguirán presentando si el Estado no actúa para cumplir y hacer que se cumpla las normas constitucionales y las previstas en la Ley Estatutaria 1751 de 2015.

Según el artículo 49 de la Constitución, la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado. De conformidad con esa norma, “se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. Agrega que el Estado organizará, dirigirá y reglamentará la prestación de servicios de salud conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, así como establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Es el director general de la economía y debe intervenir, entre otras finalidades, para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

El Estado, en su conjunto -no solo el Gobierno- debe actuar. Es su obligación.

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