A escasos cinco meses de que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir un nuevo rumbo, el Gobierno ha decidido incendiar las naves. La inscripción del comité promotor para una Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría, encabezada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, es un acto de capitulación de un gobierno que, ante su incapacidad de concertar y gestionar, pretende demoler el tablero para no admitir su fracaso.

Resulta extraño observar cómo quienes llegaron y están en el poder bajo la promesa de proteger la Constitución de 1991 hoy se presentan como sus verdugos. Nuestra Carta Magna, ese pacto de paz y pluralismo que nos devolvió la esperanza tras un proceso profundo de encuentro, es ahora señalada como un "obstáculo". Los que más tienen la obligación jurídica y moral de defenderla, siguen anunciado que la quieren sacrificar.

La Constitución no es el problema. El problema es un gobierno........

© El Nuevo Siglo Bogotá