De ahí que el apoyo financiero sea un paso necesario para garantizar la prestación de los servicios a la comunidad.

La Ley 2392 faculta a la Asamblea Departamental para emitir la Estampilla Pro-Hospitales Públicos de La Guajira hasta por $300 mil millones, con el objetivo de atender las urgencias de una red hospitalaria pública históricamente golpeada por la precariedad en la atención en salud. Este mecanismo busca dar un respiro al sistema con un enfoque integral que abarca adquisición de equipos, mantenimiento de la planta física y la expansión de servicios críticos como cuidados intensivos y unidades de diagnóstico.

Este enfoque, en principio, es loable para atender las necesidades urgentes y proyectar soluciones a mediano y largo plazo. Pero, ¿quién garantiza que eso se cumple? ¿La Contraloría Departamental, que es un cero a la izquierda del cero? Es menos que el menos.

La Gobernación y los 15 municipios tienen el desafío de recaudar la Estampilla Pro-Hospitales Públicos de La Guajira de manera efectiva y transparente,........

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