Una especie de laboratorio donde hombres y mujeres iluminados toman decisiones basadas únicamente en modelos matemáticos, ajenos a ideologías, intereses y visiones del mundo. Pero esa pretensión, más que un principio científico, ha sido una construcción política profundamente interesada. Porque, como suele ocurrir, detrás de la supuesta neutralidad se ocultan decisiones que favorecen a unos sectores y perjudican a otros.

Existe incluso una frase que retrata con precisión el dogmatismo de cierta ortodoxia: para los economistas fundamentalistas, la economía construye modelos para explicar la realidad y cuando el modelo no funciona no es por error de este sino porque quien no funciona es la realidad. Esta lógica, que parece absurda, ha guiado muchas decisiones económicas en América Latina. Cuando el crecimiento no llega, la culpa es del gasto social; cuando el empleo no mejora, el problema es el salario; cuando la economía se enfría, la receta es más ajuste. La realidad, siempre culpable. El modelo, siempre incuestionable.

En Colombia, el reciente debate sobre las tasas de interés ha puesto sobre la mesa una discusión que durante mucho tiempo se mantuvo encerrada en los círculos técnicos. El Banco de la República, según la Constitución Nacional, tiene como función principal preservar la capacidad adquisitiva de la moneda. Es decir, controlar la inflación. Esa tarea, fundamental sin duda, no significa que las decisiones del banco estén exentas de impacto social ni que deban tomarse en un vacío político. Subir tasas enfría la economía, encarece el crédito, desacelera la inversión y golpea especialmente a los pequeños empresarios, al comercio y a los hogares endeudados.

Por eso no resulta extraño que el presidente Petro haya cuestionado las recientes alzas de la tasa de interés. Su planteamiento, más allá del ruido mediático, abre una discusión legítima: ¿hasta qué punto la política monetaria está priorizando el control de la inflación a costa del crecimiento y el empleo? ¿Y quién paga ese costo? Porque las tasas altas benefician a quienes viven de la renta financiera y castigan a quienes necesitan crédito para producir. No es una decisión neutra. Es una decisión con ganadores y perdedores.

Se ha intentado presentar a los miembros de la junta del Banco de la República como una suerte de Olimpo de sabios irrefutables, guardianes de la racionalidad económica frente a la supuesta irresponsabilidad política. Esa narrativa no solo es exagerada sino peligrosa. Los integrantes de la junta no son oráculos, ni representan una verdad única. Son economistas formados en determinadas escuelas de pensamiento, con trayectorias profesionales y visiones del desarrollo que responden a intereses y perspectivas específicas. Como cualquier actor público, toman decisiones que tienen implicaciones políticas.

El retiro del ministro de Hacienda de la junta del Banco de la República tiene, en este contexto, un alto contenido simbólico y político. No se trata de un gesto menor ni de un arrebato. Es una forma de evidenciar que el debate existe, que no hay unanimidad y que las decisiones monetarias no deben blindarse detrás de una supuesta tecnocracia incuestionable. Es, también, una manera de interpelar a la ciudadanía y decirle que estas discusiones no son exclusivas de expertos, sino que afectan la vida cotidiana: el crédito de vivienda, el consumo, la inversión, el empleo.

Este debate, como otros que ha abierto el actual gobierno, eleva el nivel de la discusión pública. Obliga a hablar de inflación, tasas de interés, política monetaria y distribución del ingreso. Educa a la ciudadanía en temas que, de otra manera, permanecerían encerrados en documentos técnicos. La democracia también se fortalece cuando los ciudadanos comprenden cómo se toman las decisiones económicas y quiénes se benefician de ellas.

Lamentablemente, buena parte de los medios corporativos han reaccionado con reflejos previsibles. En lugar de promover la discusión, se han lanzado lanza en ristre contra el gobierno, defendiendo sin matices la supuesta neutralidad del Banco de la República y descalificando cualquier cuestionamiento como irresponsable o populista. Esa postura no sorprende. Históricamente, estos medios han respaldado políticas que favorecen a los sectores tradicionales del poder económico y han mirado con sospecha cualquier intento de redistribución o inclusión.

Pero precisamente por eso el debate es necesario. Porque discutir economía es discutir poder. Y cuando la economía deja de ser un territorio sagrado y se convierte en un espacio de deliberación pública, la ciudadanía gana. La política monetaria deja de ser un asunto de pocos y se transforma en una conversación nacional. Ese, tal vez, sea el cambio más importante: que la economía, finalmente, vuelva a la política.

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