Esa sola alerta debería ponernos a pensar si se justifica mantener como está todo este andamiaje de fiscales, investigadores, jueces y magistrados -casi todos ellos, unos más que otros, con altos sueldos y una gran parafernalia- para el esclarecimiento de apenas el diez por ciento de la criminalidad. Usando términos de economistas, el país debería reflexionar sobre la relación costo beneficio.
Este hecho pone al descubierto la irresponsabilidad con que algunos gobiernos y el Congreso abordan el tema crucial del manejo de la política criminal del país, cuya primera cabeza es el jefe de Estado.
En los ochenta, por la arremetida de los narcotraficantes para tumbar el tratado de extradición, los gobiernos de Barco y Gaviria fortalecieron el sistema penal -los jueces de instrucción de la época- teniendo que recurrir a figuras como la de los jueces y testigos sin rostro para salvar sus vidas. Con ese sistema, mal llamado inquisitorio, los jueces asumieron con resultados la lucha........