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La no judicialización de la controversia territorial entre Venezuela y Guyana 

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04.08.2020

La controversia territorial que planteó Venezuela en 1962, con base en su convicción de que el laudo arbitral de 1899 era nulo e írrito, tiene que ser resuelta en forma amistosa y mutuamente satisfactoria, tal como convinieron las partes en el Acuerdo de Ginebra en 1966. Este planteamiento de Venezuela (contención) condujo entonces a negociaciones, primero en el marco de una Comisión Mixta, que no logró solucionar la controversia. Luego, con la asistencia del secretario general de las Naciones Unidas, mediante los buenos oficios hasta 2017, un mecanismo que por cierto no está enunciado en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Sin explorar otras posibilidades que debían haberse considerado por la naturaleza del compromiso contenido en el Acuerdo de Ginebra de 1966 y de la controversia misma, el secretario general “escogió” el arreglo judicial, y “remitió” la controversia a la Corte Internacional de Justicia, un mecanismo que distintamente a los buenos oficios, de naturaleza política o diplomática, adopta decisiones con base en consideraciones jurídicas según el Estatuto mismo de la Corte (art.38), en el marco de un proceso contradictorio, decisiones que resultan vinculantes para las partes, en el cual, es claro, que las negociaciones están absolutamente excluidas.

Debemos recordar ante todo que Venezuela no ha expresado nunca su consentimiento para ir a la Corte, menos en este caso que somete unilateralmente Guyana sobre el........

© El Nacional


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