La disputa por la vivienda alcanza así a una atribución elemental de la democracia: establecer hasta dónde llegan las consecuencias admisibles de un mercado.

Maricarmen Abascal salió de su casa en una camilla, a sus 87 años, luego de siete décadas viviendo en aquel piso del barrio madrileño de Retiro. El 23 de septiembre, la policía llegó con un gran operativo para ejecutar su desahucio. Seis días después, tras las movilizaciones incesantes, aceptó un acuerdo que le permitiría regresar cuando recibiera el alta hospitalaria. Entre un evento y otro, su historia había marcado un antes y un después: lo que podía resolverse como un litigio entre particulares había obligado a discutir los límites de nuestras reglas comunes en torno al derecho a la vivienda.

Lo que quedó expuesto ha sido la distancia entre resolver jurídicamente un litigio y solventar socialmente el problema que lo fundamenta. Esa distancia ha persistido, aunque nadie haya actuado fuera de “la ley”, pues el cumplimiento de las reglas puede empujarnos –como hoy– a discutir sobre qué sociedad estamos reproduciendo.

Es ahí donde la vieja idea de contrato social se desempolva. Si bien podríamos llevarnos la “pelota para la casa” y forzar un debate izquierdista sobre la propiedad privada capitalista desde Marx, creo que no hace falta, pues incluso aceptando la omnipresencia de la propiedad privada, el mercado y la rentabilidad, seguimos teniendo responsabilidades como sociedad.

Habrá que traer de vuelta a Rousseau y las bases de ese viejo acuerdo que sostenemos mediante nuestras instituciones, normas y decisiones.

Podemos discrepar sobre el derecho de la longeva Maricarmen a permanecer en aquella vivienda, sobre los derechos merecidos y las obligaciones del propietario o sobre la distribución de “los costes” de protegerla, pero el desacuerdo no suprime la necesidad y la urgencia de una respuesta colectiva: asumir que somos seres vulnerables e interdependientes, también cuando preferimos pensarnos autosuficientes y empoderados, es parte del juego colectivo.

La riqueza privada se beneficia de infraestructuras, educación y cuidados sostenidos colectivamente. ¿No resulta curioso reconocer esa contribución mientras produce beneficios y olvidarla cuando exige responsabilidades? El contrato social permite discutir qué riesgos dejamos a cargo de cada persona y cuáles asumimos conjuntamente, sin exigir una misma fe, ni un dios, ni una concepción compartida de la justicia.

Aún así, el 30 de septiembre, Manuela Cañadas, portavoz del partido político de ultraderecha Vox, calificaba los decretos de vivienda como “ataques a la propiedad privada”. El Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, contempla “la suspensión de determinados desahucios de........

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