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En materias urbanas las instituciones no pueden funcionar

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15.09.2021

Durante años el mercado inmobiliario ha utilizado diversas pillerías, casi siempre toleradas por las autoridades competentes, para aumentar la rentabilidad de sus negocios sin importar las consecuencias de esas malas prácticas, por ejemplo, en los incautos compradores de viviendas incorrectamente emplazadas.

En esta ocasión daremos cuenta de una recurrente trampa posibilitada porque en apariencia todo parece estar en regla debido a que el ardid inmobiliario involucra la obtención de aprobaciones de las autoridades competentes, ya sea del sector municipal o de la respectiva Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo.

El engaño consiste en utilizar incorrecta, pero astutamente, el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para “levantar” o “alzar” las restricciones generadas por un determinado riesgo que estén definidas en el correspondiente Plan Regulador Comunal (PRC) o Intercomunal (PRI), usando como argumento las conclusiones y obras de mitigación definidas en un estudio fundado aprobado por la autoridad competente. Luego del alzamiento del riesgo, el terreno quedaría sin normas urbanísticas,........

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