Cuando la emergencia organiza de forma permanente la política, lo que se pierde no es solo tiempo para deliberar, sino la capacidad misma de imaginar alternativas, de abrazar la diversidad y de fortalecer la cohesión social.

Tras las elecciones presidenciales en Chile, la idea de emergencia ha dejado de ser un diagnóstico coyuntural para convertirse en una propuesta explícita de gobierno. El Presidente electo José Antonio Kast no solo sostiene que el país enfrenta crisis graves en seguridad, economía y cohesión social; plantea algo más ambicioso y problemático: que Chile requiere un gobierno de emergencia. No como una respuesta transitoria para luego volver a la normalidad, sino como forma de conducción política.

Este giro no puede entenderse solo como una estrategia de campaña ni como una reacción al malestar social. La noción de gobierno de emergencia cumple una función política más profunda: redefine qué entendemos por buena política, por democracia y por legitimidad. Cuando la urgencia se vuelve el principio organizador del gobierno, no solo cambian las prioridades; cambia el modo mismo en que se toman decisiones y se justifica el poder.

La pregunta relevante no es solo si Chile enfrenta problemas reales, sino qué tipo de democracia se configura cuando un liderazgo propone reducir el horizonte de lo político a lo urgente para abordar estos problemas.

El concepto de gobierno de emergencia funciona como un criterio de selección política. En ese marco, lo urgente desplaza a lo complejo y lo inmediato se impone sobre lo estructural. Aquello que no cabe dentro de la emergencia queda fuera del centro de la agenda, no porque carezca de importancia, sino porque “no es el momento”. Así, la política deja de ser un espacio para decidir entre alternativas y se convierte en una lógica de priorización permanente.

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