El Decreto N°333 no es un acto de responsabilidad fiscal. Es una transferencia de recursos desde los enfermos hacia los accionistas, desde los consultorios hacia las corporaciones, desde los adultos mayores sin alternativas hacia quienes nunca pisarán un hospital público.

Hay decisiones políticas que se disfrazan de tecnicismo presupuestario. El Decreto N°333, firmado el 19 de marzo de 2026 por el Ministro de Hacienda Jorge Antonio Quiroz Castro, es una de ellas. Bajo la prosa anodina de un “ajuste al Aporte Fiscal Libre”, se esconde el mayor recorte al presupuesto de salud en la historia democrática de Chile: $413.193 millones menos para el Ministerio de Salud. Para dimensionarlo: es como si de un día para otro desaparecieran entre 3 y 4 hospitales de mediana complejidad durante un año completo.

Pero lo verdaderamente revelador no es cuánto se recorta, sino para qué. El ajuste fiscal que incluye este decreto tiene un destino declarado: financiar la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%. Según análisis tributarios, el 80% del beneficio de esa rebaja se concentra en el 1% de mayores ingresos del país. Traducido al lenguaje de la calle: se le quitan camas de hospital al 84% de la población que depende de FONASA para entregarle un alivio tributario a quienes menos lo necesitan.

Los números que no mienten

El 45,7% del recorte — casi la mitad — golpea directamente la capacidad de los hospitales para atender pacientes. Calculado sobre el valor base de un egreso hospitalario por grupo relacionado por diagnóstico (GRD) ($2.821.990 en 2024), esto equivale a 28.019 hospitalizaciones que simplemente no serán cubiertas.

Mientras tanto, en el sistema público 33.702 pacientes oncológicos esperan diagnóstico o tratamiento, y más de 12.000 niños, niñas y adolescentes en lista de espera quirúrgica No GES de urología aguardan cirugías con un promedio de 200 días de espera. Y el gobierno, en un acto de contradicción que raya en lo absurdo, declara una “alerta sanitaria........

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