Un Estado más duro no es necesariamente un Estado más fuerte |
El derecho debe impedir que el Estado golpee a ciegas. La inteligencia debe reducir la probabilidad de que se equivoque de blanco, porque cuanto más falible es nuestro conocimiento, más exigentes deben ser las reglas que gobiernan el poder.
La discusión sobre seguridad parece comenzar por el final. Frente al avance del crimen organizado, el Gobierno del presidente Kast propone un nuevo estado de excepción, ampliar las posibilidades de intervención de las Fuerzas Armadas, crear un registro de organizaciones criminales y establecer restricciones de ciertos derechos para condenados por determinados delitos. Son instrumentos jurídicamente distintos, pero comparten una característica: amplían el poder del Estado para responder a amenazas graves. La pregunta es si aumenta en igual medida su capacidad para decidir correctamente bajo incertidumbre.
El problema no es la firmeza. El crimen organizado exige coerción, cárceles seguras, control territorial y fronterizo, persecución patrimonial y, cuando corresponda, facultades extraordinarias. Tampoco se trata de que toda política severa constituya populismo penal. El problema comienza cuando la demostración pública de severidad sustituye la obligación de demostrar eficacia, necesidad y proporcionalidad.
David Garland ha insistido recientemente en esa distinción. El populismo penal no consiste simplemente en castigar más, sino en una forma de construir política criminal donde la respuesta políticamente atractiva puede desplazar la evidencia, el conocimiento experto y la evaluación de resultados. Existe una razón: desplegar militares, aumentar penas o anunciar medidas excepcionales comunica autoridad inmediatamente. Construir inteligencia, integrar información, seguir dinero y contrastar hipótesis produce menos imágenes y exige más tiempo.
Ante una amenaza inminente, por supuesto, el Estado debe actuar incluso con información incompleta. Evacuar un recinto o proteger potenciales víctimas no puede esperar certeza, pero una decisión preventiva reversible y el ejercicio sostenido de facultades extraordinarias exigen umbrales justificatorios diferentes. Cuanto mayor sea la afectación de derechos, mayor debe ser la evidencia requerida para sostenerla.
Éste es también un problema de inteligencia. El Estado nunca observa una organización completa. Observa rastros: comunicaciones, transacciones, desplazamientos, relaciones y conductas, y a partir de ellos construye una representación provisional de la amenaza. Datos no son........