Las personas acuden a los tribunales —y no a la autotutela— porque confían en ellos. Si la IA va a usarse de manera masiva, esa confianza exige adecuar las capacidades y las formas del servicio judicial para responder mejor a quienes lo requieren.

La inteligencia artificial ya entró a los tribunales chilenos. No es una hipótesis futura ni una promesa de laboratorio: es una realidad en curso. Y, como suele ocurrir cuando la tecnología corre más rápido que sus reglas, el país acumula adopción sin un marco que la ordene.

El Poder Judicial ya incorpora IA en su operación: el Buscador Unificado de Jurisprudencia lanzado el 8 de julio de 2025, y los planes piloto anunciados en la Cuenta Pública 2024/Año Judicial 2025. También está presente en el Código de Ética Judicial (orientador y no disciplinario) contenido en el Acta N° 244-2025, cuyo artículo 17 afirma que la decisión judicial es siempre humana. Sin embargo, no existe una regulación orgánica que ordene ese avance.

¿Qué debiera contener esa regulación? La legislación debería contener a lo menos, cinco elementos. Primero, principios rectores anclados en la Constitución, los tratados de derechos humanos y los estándares internacionales especializados. Segundo, una clasificación de usos por nivel de riesgo —prohibidos, de alto riesgo y de bajo riesgo—, con una supervisión humana proporcional a cada categoría: simple para los usos menores, significativa para los sensibles. Tercero, la autorización expresa de usos jurisdiccionales de apoyo, con salvaguardas. Cuarto, un deber reforzado de información y contestabilidad frente a las partes. Y quinto, una Comisión de Gobernanza de la IA que elabore un diagnóstico, fije objetivos, proponga la normativa y determine, mediante planes piloto y evaluaciones de impacto algorítmico, qué sistemas se autorizan.

Detrás de esta idea hay una convicción muy asentada: la legitimidad de la justicia descansa en la confianza social. Las personas acuden a los tribunales —y no a la autotutela— porque confían en ellos. Si la IA va a usarse de manera masiva, esa confianza exige adecuar las capacidades y las formas del servicio judicial para responder mejor a quienes lo requieren.

El camino institucional para dictar esa regulación ya existe y no obliga a esperar una ley: la Corte Suprema, a través de su Tribunal Pleno, tiene la........

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