Lo que aparece claro aquí es como la participación o no de los estudiantes en la cogestión de la institución educativa, sea de la enseñanza media, técnica o universitaria, es la determinante del conflicto estudiantil y su eventual deriva en violencia estudiantil y graves trastornos del orden público

El pavoroso accidente incendiario en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) con 35 estudiantes quemados, 15 de ellos graves y 4 en riesgo vital, se constituye así en el incidente más grave de los conflictos estudiantiles. Evidentemente se deben de perseguir las responsabilidades penales de los responsables directos de este hecho, así como las responsabilidades administrativas y penales de las autoridades educativas responsables de la administración de este que es uno de los más importantes y emblemáticos establecimientos de la enseñanza media nacional. También en esto tienen responsabilidad las autoridades policiales y de inteligencia que deben de prevenir y controlar este tipo de hechos. Pero, lo que no debe soslayarse y debe abordarse políticamente, tanto desde la sociedad civil como desde el poder político, también, en lo que le toca desde la academia, cosa que hasta ahora estas instancias no han hecho con la intensidad y profundidad que este conflicto en ese sector demanda y merece.

Sobre este tema del uso de la violencia por las y los estudiantes de la enseñanza ya se planteó un debate trunco, unilateral y tartamudo, como acontece en la sociedad del espectáculo (Guy Debord), en la vísperas del estallido social en el año 2019 durante los recurrentes episodios de movilizaciones estudiantiles, de la enseñanza media, en el centro de Santiago y la Comuna de Providencia, así como los desmanes que derivaban de las mismas, puso en el debate público la propuesta parlamentaria de la ley “aula segura” que en lo sustancial permitía, y permite ahora, la expulsión de cualquier estudiante que fuese........

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