Si el país quiere avanzar en medidores inteligentes y en un sistema eléctrico moderno, debe hacerlo con nuevas reglas, simples y claras, números transparentes, respeto por los derechos de las personas, una institucionalidad más liviana y que funcione de verdad y con libre competencia de verdad.

Cada vez que en Chile se habla de modernización eléctrica, el libreto parece escrito de antemano. Se anuncian montos millonarios sin mayor explicación, se instala la idea de que no hay alternativas y se nos dice que la cuenta la deben pagar los hogares, pero que gracias a esa modernización la tarifa va a bajar, lo que nunca ocurre.

Esto ha vuelto a suceder con la flamante moción parlamentaria “Proyecto de ley sobre medidores inteligentes”, recientemente aprobado en general por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Esto, pese al Ministro de Energía, Álvaro García, quien señaló que dicha iniciativa tendrá un costo de tres mil millones de dólares y que será imposible que las empresas no traspasen ese costo a los consumidores.

Tres mil millones de dólares que deberían ser asumidos por los siete millones de consumidores y la pregunta es obvia: ¿De dónde sale ese número? Lo último, recordamos fue en 2019, cuando la actual Presidenta de la SOFOFA encabezaba el Ministerio de Energía y se estimaba en 1.000 millones de dólares el costo de reemplazar los medidores análogos por medidores inteligentes. ¿Qué hizo subir un 200% el costo de los nuevos medidores? Sería importante que el ministro explique si existe algún estudio de carácter público, claro y detallado que justifique no solo la nueva cifra sino que, además, cuantifique los beneficios del cambio, porque algún beneficio debería haber.

El cambio forzado de los medidores fue rechazado por los consumidores en 2019, por diversos motivos, sobre todo porque muchos de los medidores análogos y sus empalmes ya eran de propiedad de los usuarios y la nueva........

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