Pueblos Indígenas y Convenio 169 de la OIT: no sobran derechos, falta implementarlos |
Lo que comienza a estar en juego es algo más profundo: si los derechos de los pueblos indígenas seguirán siendo entendidos como un piso desde el cual corresponde continuar avanzando o comenzarán a ser considerados obstáculos.
Las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, proponiendo que Chile se “deshaga” del Convenio 169 de la OIT y de la Ley Lafkenche merecen una atención que va bastante más allá de la controversia política que han provocado.
Para el ministro, estas normas introducen diferencias entre los chilenos en razón de su origen étnico, constituyen un “caldo de cultivo de conflicto” y representan, incluso, “un riesgo para el país”.
El Gobierno se apresuró a tomar distancia. El ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, recordó que Chile suscribió y ratificó el Convenio 169, afirmó que el país “lo respeta íntegramente” y descartó que el Ejecutivo pretenda innovar en esta materia. El propio Presidente Kast señaló posteriormente que abandonar el Convenio no constituye una prioridad de su Gobierno.
La aclaración es importante. Pero sería un error considerar cerrado el asunto, porque una cosa es que no sea prioridad en este momento, y otra muy distinta es que no forme parte de la agenda o los cursos de acción que siga en algún momento el Gobierno.
Porque las palabras del ministro Barros no se producen en el vacío. Se suman a otros cuestionamientos recientes a normas e instituciones destinadas a proteger derechos de los pueblos indígenas: las propuestas de derogación de la Ley Lafkenche; las críticas recurrentes a los procedimientos de consulta indígena; y el anuncio realizado por el Presidente Kast en su última Cuenta Pública de reformar la Ley Indígena para eliminar restricciones que actualmente protegen las tierras indígenas y permitir su arriendo e hipoteca “en iguales condiciones que cualquier chileno”.
Cada una de estas materias admite, naturalmente, discusión. Las leyes pueden ser evaluadas, modificadas y perfeccionadas. Las políticas indígenas implementadas durante las últimas décadas tienen insuficiencias evidentes y algunas requieren cambios importantes. Pero otra cosa comienza a resultar inquietante: que detrás de discusiones aparentemente separadas vaya tomando forma un cuestionamiento más profundo a la legitimidad de las salvaguardas especiales mediante las cuales el ordenamiento jurídico ha intentado proteger los derechos colectivos de los pueblos........