¿Qué pasó en el Ecuador, que de cifras tan positivas en seguridad ciudadana transitó a la actualidad? ¿Nos puede ocurrir lo mismo? Buenas preguntas, para sacar lecciones aprendidas.
El año 2024 se inicia con un cuadro complejo en nuestro entorno vecinal. Dificultades económicas unidas a vaivenes políticos caracterizan el momento, sumado esto al recrudecimiento de la delincuencia y la inseguridad. Nobleza obliga, nuestros vecinos pueden decir lo mismo de nosotros. ¿Se mantendrán esas tendencias a lo largo del año? ¿Cómo impactarán en nuestra convivencia? Ojo, en estos días la violencia arrecia en Ecuador, que no forma parte de nuestro entorno vecinal inmediato, pero es innegable que su quehacer y la crisis de seguridad que enfrenta impactan a la región. Volveremos sobre ello al finalizar el análisis propiamente vecinal.
Veamos el entorno inmediato.
La marcha de la economía es compleja en los tres vecinos. Argentina es el caso más extremo y el más conocido en nuestro país. El dato nuevo es la instalación del Gobierno del presidente Milei, que ha iniciado su mandato desplegando una amplia ofensiva legislativa y política, mediante el llamado Decreto de Necesidad Urgente (DNU) y la llamada “Ley ómnibus” que, en resumen, otorgarían amplias facultades al Ejecutivo para una reorganización profunda del Estado y la economía, con insondables consecuencias sociales. Como es comprensible, la oposición a estas medidas ya se empieza a manifestar y, así, está programado un paro de las centrales sindicales para el 24 de enero. Día previo a que el Congreso vote el DNU. Por mientras, la inflación crece y el dólar blue superó los mil pesos hace rato.
Perú, por años, se caracterizó por una notable estabilidad, pese al sucesivo cambio de mandatarios y a los frecuentes roces de estos con el Congreso. Algunos formularon la tesis de “las islas” de la estabilidad peruana. Todo podía estar revuelto, pero la conducción de la economía y la diplomacia estaba en manos profesionales. Parece que el diablo metió la cola, porque este año el Perú entró formalmente en recesión y lleva más de dos trimestres con rendimiento negativo.
Si sumamos otros factores, como la baja ejecución presupuestaria, la ininterrumpida denuncia de casos de corrupción, el debilitamiento y politización de la Justicia, debemos de concluir que no están dadas todas las condiciones para atraer la inversión. Como si no bastara eso, el fenómeno de “El Niño” amenaza con desastres climáticos.
Por su parte, la economía boliviana no vive momentos críticos, lo que no quiere decir que no tenga desafíos. El 2023 sus reservas en divisas se calculan en poco más 1.700 millones de dólares, una de las cifras más bajas del presente siglo. La explicación está en la caída de las exportaciones y en el pago de la deuda. Pese a ello, las autoridades han logrado mantener la estabilidad del peso boliviano y a raya la inflación. El contrabando es quizás el tema más complicado, dado que –según estudios de la Cámara Nacional de la Industria– alcanzó más de 3.300 millones de dólares el año pasado, alrededor de un 8% del PIB. Ojo, una parte importante de esto pasa por nuestras fronteras.
En este cuadro, la esperanza blanca (vale para Argentina y Chile) es el litio. Siguiendo la tradición latinoamericana, los esfuerzos por una mínima coordinación fracasaron y cada país terminó negociando con las transnacionales de rigor. En el caso boliviano, la contraparte son empresas chinas, y se espera que a partir del 2025 el salar de Uyuni se transforme en el nuevo Potosí.
La situación política en los tres países vecinos tiene diferencias, pero también similitudes. Las diferencias son obvias. Argentina posee un sistema político que se caracteriza por preservar partidos de vieja data (vale para peronistas y radicales), a los cuales más recientemente se sumó el PRO de Mauricio Macri. Ahora, lo cierto es que ese sistema partidario se expresa en las elecciones parlamentarias y de gobernadores. Pero la crisis –sobre todo la económica– derivó en una gran desconfianza de buena parte de la ciudadanía respecto de las elites. Y surgió Milei, cuyo meteórico ascenso descansaba en una radical crítica a lo que él llama “la casta”, a la cual amenazó con una motosierra. Resta por ver cómo va a gobernar el nuevo presidente que tiene solo una pequeña bancada. ¿Y si el Congreso rechaza el DNU y la “Ley ómnibus”? ¿Cuál sería el plan B de la Casa Rosada?
En Perú, la presidenta Boluarte asumió a fines del 2022. Su ascenso estuvo marcado por fuertes y diversas protestas sociales que fueron reprimidas a balazo limpio, especialmente en el combativo sur peruano. Ese rechazo inicial se ha fortalecido por todo lo sucedido el 2023. A la fecha, la presidenta tiene un rechazo de casi un 90%, solo superado por el Congreso. En suma, la más amplia mayoría de la sociedad peruana desconfía y rechaza a la elite política gobernante.
Tanto la presidenta como el Congreso esperan gobernar hasta 2026, fecha en la que terminaba el mandato del expresidente Castillo. En la práctica, el sistema ha mutado en un virtual parlamentarismo que controla el poder mediante el recurso de la “vacancia presidencial”. El control de la mesa del Congreso unicameral –fragmentado en cerca de veinte partidos– es vital, dado que, producida una vacancia, el reemplazo lo asume el presidente del Congreso. En Perú los partidos tradicionales han sido reemplazados por una proliferación de partidos de diversa magnitud y profundidad, pero caracterizados por un descarnado pragmatismo.
Hoy la mesa se basa en una alianza entre el fujimorismo y el Partido Perú Libre, haciendo un símil chileno, sería como un entendimiento entre el Partido Republicano y Comunes. En suma, en el panorama político peruano se vislumbran muchas cosas, menos estabilidad. La chispa puede saltar desde muchos lados, empezando por el cuestionamiento a la reciente liberación del expresidente Fujimori, a contrapelo de la Justicia, incluida la internacional.
En el caso boliviano, las elecciones presidenciales están programadas para fines de 2025. El dato más resonante es la ya abierta división entre el presidente Arce y Evo Morales. El MAS, hasta hace poco, era el principal actor político que aseguró una relativa estabilidad política y económica en el presente siglo. Queda por ver cómo impactará su división en el futuro. No son pocos los que recuerdan la división del Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, vanguardia de la revolución de 1952. Frente al dividido MAS permanece Santa Cruz, fuerte en su bastión, pero con poca presencia nacional. Por su parte, el movimiento urbano clasemediero, que en su momento encabezó el expresidente Carlos Mesa, no ha logrado levantar nuevos liderazgos.
En medio de un mundo concentrado en las guerras del hemisferio norte, América Latina no juega en las grandes ligas, pero lo que pasa en el mundo sí repercute en nuestra región. Al revés, poco. Hasta la fecha, es el ascenso de Milei el que atrae la principal atención internacional, especialmente por la presencia creciente de China en América Latina. El nuevo presidente ha sido categórico en proclamar su adhesión a Occidente, en especial, a EE.UU. e Israel. En la región, obviamente la nueva situación argentina llama la atención en Brasilia y en los países integrantes del Mercosur.
La presencia china es fuerte en Bolivia y, por cierto, también en Chile y Perú. Para todos (incluido Argentina), China es uno de los principales socios comerciales y un activo inversionista. Tomemos nota de que la próxima cumbre de APEC se hará en Lima, en noviembre. Aquí empiezan las preguntas.
¿Vendrá Putin? ¿Xi Jinping? ¿Será escenario de encuentros con el presidente de Estados Unidos? Imaginemos la expectación mundial por esos eventuales encuentros. Lima en el centro de la atención mundial. Pero el diablo también puede meter la cola.
La diplomacia peruana, la otra “isla de la estabilidad”, ha sufrido embates. Para empezar, las circunstancias en que asumió el nuevo Gobierno provocó roces con varios países latinoamericanos. Hoy la frialdad caracteriza a las relaciones del Perú con México, Colombia, Bolivia, y hasta hace poco con el Gobierno de Alberto Fernández. Retiro de embajadores incluido. Para desventura de Torre Tagle, en América Latina solo hay tres países miembros de APEC: México, Perú y Chile. Y eso puede repercutir en la cumbre próxima. Agreguemos que, en la Alianza del Pacífico, a estos tres países se suma Colombia.
Amén de las dificultades ya indicadas, la presidenta Boluarte solicitó permiso para viajar a WDC a inicios de noviembre, dizque para atender una entrevista con el presidente Biden. Pero dicho encuentro no estaba agendado y, al final, solo fue un saludo de escasos minutos en un pasillo. La canciller tuvo que renunciar en medio del bochorno nacional.
A propósito, dentro de poco se cumplen los 10 años de la sentencia del Tribunal de La Haya que falló la demanda por el límite marítimo con Chile, que Alan García entabló el 2008. Para nuestro país fue el lamentable episodio de las llamadas “cuerdas paralelas”, como las autoridades de entonces (el ex Presidente Piñera y su canciller Alfredo Moreno) llamaron a la fallida estrategia con la cual enfrentaron esa demanda. A diez años aún el Estado chileno, como Estado, no ha efectuado el necesario ejercicio de lecciones aprendidas. No solo eso, hasta la fecha la sentencia está incumplida por parte del Perú, dado que el Tribunal instruyó que nuestro vecino armonizase su legislación. El Perú hasta día de hoy mantiene su versión del llamado “mar de Grau”, y no ha firmado la Convención del Mar.
Este será un año intenso en nuestro vecindario, pero nunca aburrido. Para ser justos, tenemos que reconocer que en Buenos Aires, La Paz y Lima también miran con interés nuestro propio devenir. La mayoría de los analistas coinciden en preguntarse por qué Chile detuvo el promisorio desempeño que acompañó a su retorno a la democracia. Muchos también se preguntan si es posible que sus países vivan un estallido social como el que vivimos nosotros. Por otra parte, todos lamentamos la pandemia y sus efectos.
De la apretada síntesis expuesta queda de manifiesto que todos nuestros países viven dramas muy parecidos, empezando por la necesidad de reactivación económica y, por cierto, por el combate a la delincuencia. En especial, a la presencia del delito organizado que penetra todas las fronteras, lo que crea un gran espacio para la cooperación regional.
El brutal desafío que el delito organizado le plantea hoy al Estado ecuatoriano debe ser abordado en una doble dimensión. En primer lugar, con la más resuelta y concreta solidaridad de todos con la institucionalidad ecuatoriana y sus autoridades.
Al mismo tiempo, la crisis de seguridad que conmueve al Ecuador es una elocuente señal de alarma para Chile. A inicios de siglo los niveles de seguridad de ambos países eran muy parecidos, poco más de 2 homicidios cada 100 mil habitantes. Hoy Ecuador tiene cerca de 40 y nosotros arriba de 6. Es evidente que el delito organizado trasladó en gran medida su operación hacia territorio ecuatoriano en la búsqueda de la ruta del Pacífico de la droga. Por ello se instala en los puertos y eso explica la alta criminalidad en Guayaquil. Ecuador está situado entre dos países productores de coca y eso presiona sobre sus fronteras.
¿Qué pasó en el Ecuador, que de cifras tan positivas en seguridad ciudadana transitó a la actualidad? ¿Nos puede ocurrir lo mismo? Buenas preguntas, para sacar lecciones aprendidas.
Lo que es evidente es que unos más, otros menos, todos los países de nuestro entorno sufren de un deterioro de las condiciones de seguridad y de una penetración del delito organizado. Momento propicio para impulsar la más eficiente y profesional cooperación. Empezando por casa, convocando a todos los poderes del Estado a que presenten su visión de la crisis y sus propuestas para enfrentarla. Con un ánimo nacional y sin politizar el tema, dialogando hasta que duela.
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Andrew Mitrovica
Mort Laitner
Nikkei Editorial
Rami G Khouri
Ali Fathollah-Nejad
visit website
