El Gobierno ha perdido el control de la agenda, carece de mayoría legislativa y su base político-social se ha resquebrajado. Perdió el primer año con su apuesta de reforma constitucional, su juvenil cúpula dirigente ha quedado mermada y sufrió una derrota moral con el caso Fundaciones.
Con posterioridad al plebiscito del 17/12, Chile ingresará a una nueva etapa de su proceso político. El proceso constitucional muestra una complicada realidad: los chilenos no tenemos un consenso básico respecto a nuestras bases de convivencia, a la forma del sistema político y a los derechos esenciales de los ciudadanos. Un texto que no logre construir una amplia adhesión nacional no nos sirve.
Asumimos que, conforme a la mayoría de las mediciones, el desenlace de este plebiscito será el rechazo del nuevo texto. De una manera ciudadana, se castigará a la mayoría del Consejo Constitucional que ignoró el texto propuesto por unanimidad por la Comisión Experta, reedición por la derecha del lamentable desempeño de buena parte de los constituyentes izquierdistas de la primera experiencia. En suma, el balance es demoledor: las elites políticas no son capaces de construir una propuesta constitucional que una a la mayoría de los chilenos.
¿Se abre una grieta en la sociedad? Nos referimos a una situación en la cual una parte importante de la sociedad se identifica con una cosmovisión que no admite que exista otra. Y que esta intolerancia sea replicada por otra parte significativa de la sociedad de la misma manera. Es la negación de la convivencia nacional. En su extremo, la salida que se les dejaría a los derrotados sería tan lamentable como peligrosa: “Que se jodan”.
Si el 17/12 se impone un nuevo rechazo, entonces el panorama político tiene algunos indicadores que orientan el futuro para los dos años que restan de la actual administración. ¿Cómo será ese segundo tiempo?
El día de después del plebiscito se abrirá un largo período electoral. Calculadora en mano, partidos, coaliciones y candidatos sacarán sus cálculos. De persistir la actual Constitución, los plazos y modalidades están bien definidos: el 27 de octubre del 2024 los chilenos elegiremos a alcaldes y gobernadores regionales y el 23 de noviembre del 2025 haremos lo mismo para Presidente y parlamentarios. Eventualmente, tendríamos segunda vuelta el 21 de diciembre de ese año.
Por cierto, es probable que al interior de las diversas coaliciones se recurra a primarias para la definición del candidato común, lo cual aumentaría el número de consultas ciudadanas. Probablemente esas primarias se efectúen al inicio del segundo semestre del año que viene. Agreguemos que los preparativos ya están a la orden del día en los partidos, entonces, después del plebiscito del 17/12, las fiestas de fin de año y las vacaciones, partirá una larga jornada electoral.
El alistamiento ya se ha iniciado en la mayoría de los partidos. En la derecha una derrota de la propuesta constitucional afectará al liderazgo de José Antonio Kast, ayudará a los afanes de Evelyn Matthei y, probablemente, entusiasme al piñerismo para levantar un candidato propio, eventualmente buscando el apoyo de sectores de centro disidentes de la antigua Concertación-Nueva Mayoría. La derecha olfatea el retorno al poder en dos años más y, por ello, la pugna por la hegemonía en su interior probablemente se agudice. ¿Se mantendrá la alianza de los republicanos con Chile Vamos? Las elecciones municipales serán un buen testeo para ello. También para el oficialismo.
En el oficialismo tenemos dos coaliciones y, entremedio, un Gobierno sin control de la agenda. La coalición originaria, Apruebo Dignidad, expresaba la alianza del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC), más una fracción disidente del PS (Plataforma Socialista). Para sintetizar, a fines del 2023, el FA está desgastado como fórmula renovadora y convocante, probablemente subsista sobre la base de una fusión impulsada por la sobrevivencia. El PC, en cambio, conserva solidez. Más allá de los rumores de tendencias, las votaciones internas y la vida partidaria demuestran que en sus más de 100 años los comunistas han acumulado experiencia y han formado centenares de cuadros disciplinados, aunque no todos aparezcan en la tele. ¿Al PC le conviene reducir su alianza al FA o buscar una mayor amplitud?
La otra coalición oficialista es el Socialismo Democrático, que agrupa al PS, al Partido Radical, a los liberales de Vlado y fuerzas menores. Mantienen buenas relaciones con un Partido Demócrata Cristiano dirigido por Undurraga, Yasna y Huenchumilla. Algunos de ellos, más izquierdistas que algunos sectores del PS. Este último es el más potente, pero recordemos que su caudal de votos apenas sobrepasa el 5% y el resto, amontonados, alcanzan otro poco. ¿Qué caminos tomarán estos partidos frente a las próximas elecciones? ¿Caminos propios o en alianza?
¿Tendremos cuerdas paralelas? No olvidemos que, además, todas estas proyecciones se refieren a perspectivas nacionales, porque tenemos por delante 346 alcaldías concretas y “ene” distritos parlamentarios, tripulados por candidatos de carne y hueso. La experiencia de los últimos años indica que muchos candidatos reducen su campo de maniobra a su municipio o a su distrito, más allá de las directivas que emanen desde Santiago.
Este periodo de cálculos y maniobras caracterizará los próximos meses. Serán los meses del “posicionamiento” preelectoral y luego vendrá el despliegue. Todo esto, reducido al mundo de los partidos, las diversas candidaturas y las elecciones venideras. Veamos qué pasa con el Gobierno.
El Gobierno ha perdido el control de la agenda, carece de mayoría legislativa y su base político-social se ha resquebrajado. Perdió el primer año con su apuesta de reforma constitucional, su juvenil cúpula dirigente ha quedado mermada y sufrió una derrota moral con el caso Fundaciones. Su programa original no es viable y, además, emergió una agenda de urgencia en torno a la seguridad ciudadana y la necesidad de reactivación económica.
¿Qué opciones le quedan para el segundo tiempo? Para planificar hay que asumir la realidad y redefinir los objetivos, especialmente si en ello se pueden construir consensos básicos más allá del oficialismo. Económicamente el país está controlando la inflación, lo que es muy bueno, pero el precio es la merma económica.
Por tanto, una pragmática y amplia política de reactivación sería muy bien recibida por la mayoría nacional. No solo es un esfuerzo entre Congreso y Gobierno, sería muy útil unir a ese esfuerzo a los empresarios y a los sindicatos. A nadie le conviene un horizonte de estabilidad de precios pero con consumo castigado, sueldos y ganancias deprimidos.
La seguridad es un tema que se ha ido erosionando por procesos complejos y de larga incubación; requiere de profesionalismo y experiencia para un acertado diagnóstico. No sirve pretender resolverlo sobre la base de medidas comunicacionales (¿a cuántos puntos de prensa hemos asistido escuchando cómo diversas autoridades explican o narran los delitos?) ni tampoco con medidas burocrático-administrativas, a las que los chilenos somos tan propensos, como crear un nuevo ministerio. Chile tiene ya 23 ministerios, más que la antigua Unión Soviética, donde todo era estatal.
La inmensa mayoría de la población, de los poderes nacionales, regionales y locales están disponibles para apoyar medidas concretas, las que obviamente deben ser propuestas por los profesionales de Orden y Justicia, que son los que mayor experiencia tienen en el manejo de la seguridad pública. Por cierto, tampoco hay que inventar la pólvora, porque existen países amigos que pasan o pasaron por el mismo desafío y tienen mucho que aportarnos.
Reconstruir una agenda nacional y transversal que recupere la tranquilidad en las calles y reanime la economía es una gran tarea que le conviene a todo el país. Supone asumir que Chile cambió en estos años. Por cierto, no basta con cambiar el plan y redefinir las prioridades. También corresponde tripular con experiencia, seguridad y solvencia el aparato estatal. Todo ello es parte de las atribuciones de la conducción superior del Estado, es decir, de la Presidencia.
El otro camino es el de no innovar. Y el derrotero sería más de lo mismo. Aumentaría la grieta entre sociedad y elites, se endurecería el atrincheramiento en la política, y la emergencia de populismos caudillistas tendría campo fértil, desde pedir otro retiro del 10% de los ahorros, o la proliferación de demandas parciales justas o no tanto, con tomas de caminos, protestas varias, versión chilena de los piqueteros transandinos, todo ello con la continuidad de la fragmentación de los partidos y su consecuencia de un Parlamento muy ingobernable, donde el recurso de emergencia sería el denominado “pirquineo”.
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