Lo primero que debemos entender es que estamos ante un grave problema nacional, una falta de seguridad en buena parte del territorio. Es una amenaza que nos afecta como país y como sociedad. Por tanto, lo que corresponde es una respuesta estatal, nacional.
Existe una amplia coincidencia en constatar que el país está viviendo una grave crisis de seguridad interior. Por cierto, también tenemos un amplio consenso en constatar que este fenómeno se viene alimentando desde hace años, pero todos concordamos en que se ha ido agravando día a día. ¿Por qué entonces hemos fallado en controlarlo?, ¿estamos haciendo un diagnóstico adecuado del problema? Si las medidas adoptadas no han surtido el efecto deseado, ¿por qué no se evalúan? En nuestra doctrina institucional toda maniobra se somete a una necesaria crítica. ¿Se ha hecho?
Lo que podría explicar las falencias y proporcionar algunos indicios de corrección es identificar aquellas aproximaciones que no ayudan a una corrección. Me explico.
Lo primero que debemos entender es que estamos ante un grave problema nacional, una falta de seguridad en buena parte del territorio. Es una amenaza que nos afecta como país y como sociedad. Por tanto, lo que corresponde es una respuesta estatal, nacional. La seguridad de Chile no puede tener “bandos”. No es lo mejor politizarla, someterla a la contingencia. No puede ser un debate entre Gobierno y oposición. Culpar a gobiernos anteriores, o exclusivamente al actual, no ayuda.
En segundo término, un error grave es tratar esta crisis como si fuese una sola, como si se tratase de un fenómeno homogéneo. Hoy en Chile tenemos tres focos claros y diferentes, aunque se dan entrecruzamientos entre ellos.
En el Norte Grande tenemos una grave crisis de frontera porosa, por donde penetra una gran cantidad de migrantes, legales e ilegales, por allí ingresan diversas organizaciones del delito organizado (DO) que después se infiltran en el resto del país: el Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Pulpos, Los Espartanos, por nombrar algunos (ojo, no todos venezolanos). Un tema central aquí radica en las falencias de la actual política migratoria.
En el Sur, específicamente en La Araucanía, tenemos un foco insurreccional por parte de organizaciones extremistas que reivindican una autonomía del Estado chileno. Como contrapartida, el Estado despliega parcialmente una estrategia de contrainsurgencia, pero sin definir sus objetivos ni precisar su mando. Como la historia enseña, este tipo de conflictos tienen soluciones más políticas que militares, lo que no niega el empleo de la fuerza.
Finalmente, en las grandes ciudades, especialmente en la Región Metropolitana, tenemos una proliferación explosiva de delincuencia, ya sea de la común, como la presencia de las diversas organizaciones del DO.
De la sumaria descripción, se desprende que estamos ante una crisis que va más allá de lo policial y, también, que no se puede resolver solamente con el despliegue de la fuerza militar. Debe enfrentarse de una manera multiagencial, con una respuesta estatal.
En tercer lugar, es necesario advertir que estamos ante un desafío complejo, de larga incubación, que ha generado una metástasis de violencia y de inseguridad que afecta gravemente a buena parte de nuestros ciudadanos. Por tanto, se requiere de respuestas inmediatas y otras más estructurales. Concentrarse en medidas legislativas ayuda, pero no resuelve lo inmediato, entre otras cosas por la comprensible complejidad de los trámites parlamentarios. Lo mismo puede aplicarse a medidas administrativas, como la creación del Ministerio de Seguridad, o una nueva Ley de Inteligencia.
Mas allá de lo opinable que puedan ser los proyectos de ley, dada la experiencia reciente, muchas veces esos proyectos adolecen de miradas poco basadas en nuestra experiencia y, cuando no, se fundan en visiones académico-políticas lejanas a nuestra realidad.
Lo primero es cerrar filas como chilenos. Estamos frente a una grave crisis cuya solución depende en gran parte de la cohesión del frente interno. Conversando con actores de todos los ámbitos, ante una propuesta nacional, informada y profesional, podemos concitar el más amplio consenso.
Lo segundo: escuchar a los profesionales, a los que saben de control territorial y también a los profesionales de la seguridad. Vale decir, las instituciones armadas, las policías, los diversos servicios de inteligencia, incluso entes autónomos, como las fiscalías. Ojo, es probable que hoy se esté haciendo, pero el ideal es que estas conversaciones sean institucionales y permitan un análisis colectivo, es decir, no de uno en uno. Si estamos ante un problema grave que va más allá de lo policial, que amenaza la integridad territorial del Estado y la seguridad de los chilenos, estamos ante un problema de seguridad nacional y, de acuerdo con nuestra institucionalidad, el mecanismo ad hoc es la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
Tercero: aprender de otras experiencias. La crisis de seguridad prevalece en amplios sectores de nuestro continente. Existen experiencias que nos pueden entregar valiosas lecciones. Medellín hoy no es el Medellín de los tiempos de Pablo Escobar. Tenemos excelentes relaciones con Colombia y con las fuerzas militares y policiales de dicho país. El exdirector de la PNC, general (r) Naranjo es un gran amigo de Chile. ¿Por qué no consultarlos?
Cuarto: lo anterior (aprender de otras experiencias exitosas) vale también para tratar el tema migratorio. En Europa, Turquía desplegó en su momento, ante la migración provocada por la guerra siria, una política que contuvo y manejó el tema, en acuerdo con la UE. En nuestro continente, Brasil ha desarrollado una excelente experiencia en el llamado Plan Acogida, ante la migración venezolana. El desafío es contener la inmigración ilegal, para ello no basta con la identificación del migrante. Eso se puede hacer y, según la reglamentación vigente, incluso un ilegal que se autodenuncia, que concurre ante el juez, queda citado y, ya dentro del territorio, obviamente no espera el trámite burocrático y a los pocos días ya está en el centro-sur del país. Es necesario darle un albergue transitorio, bajo el control de oficiales migratorios y policiales chilenos, antes de su ingreso a territorio nacional. Pueden ser instalados perfectamente en la frontera misma, con ayuda de agencias ONU como ACNUR o del Programa Mundial de Alimentos.
Quinto: asumiendo la diversidad que proporcionan los tres focos de inseguridad que señalamos al inicio, es obvio que la respuesta estatal no puede ser idéntica. No es lo mismo neutralizar una Organización de Resistencia Territorial, como las que enfrentamos en La Araucanía, cuyos integrantes están entrenados en la compartimentación, la clandestinidad y la movilidad constante, que combatir a una banda de delincuentes urbanos, muchos de los cuales graban videos para publicarlos por redes sociales. ¿Quiénes saben cómo hacerlo? Los profesionales: es decir, las policías, los servicios de inteligencia.
Sexto: muy importante y, quizás, debiera ser lo primero: identificar con claridad el objetivo. En mi opinión, y siguiendo a muchos expertos nacionales y extranjeros (expertos de verdad), lo fundamental para restaurar el control del Estado y la vigencia del Estado de derecho es retomar el control del territorio. Si los diferentes infractores sienten la presencia estatal, tendrán una valla para sus afanes. Al revés, al sentir la presencia estatal la población ayudará a su esfuerzo y no se recluirá amedrentada, en un virtual toque de queda voluntario.
Finalmente, una cosa es tener claro el objetivo, definida la misión, clara la consigna y, otra, es cómo se tripula el mando de la operación. Esa es una decisión política y, obviamente, lo recomendable es que sea un mando que integre nacional y transversalmente. Es indispensable que tenga experiencia. El ascendiente del mando es vital para toda operación, y aquí no valen las estrategias comunicacionales y las agendas personales.
Es valiosísima e indispensable. De hecho, ya lo están realizando en el despliegue en la macrozona sur y la macrozona norte, pero debe ser hecha dentro la Constitución y la ley. Con objetivo final deseado explicitado previamente, y esa es labor de la autoridad política. Las ramas de la Defensa Nacional, en mi modesta apreciación, van a cumplir rigurosamente lo que el poder político les indique. Eso requiere que el poder político tenga meridianamente claro lo que desee.
Ojo, lo fundamental del poder político es el Ejecutivo, pero también lo integran los otros poderes del Estado. Si necesitamos construir una respuesta de carácter estatal, es necesario que sobre el tema debatan y concuerden todos los poderes del Estado, que conozcan directamente la opinión que cada uno de ellos tiene de este desafío y qué contribución pueden hacer. Por cierto, el aporte de las FF.AA. siempre estará supeditado a las orientaciones del poder político, porque nuestras instituciones armadas son un recurso del Estado chileno. Pero no son el único. En especial en situaciones como las que vivimos, no logramos nada con sacar militares a la calle sin un plan definido. Poco conseguimos si después de anillos de control no tenemos un férreo régimen carcelario, menos aún si no siempre algunos órganos judiciales aplican con rigor la ley a los infractores.
Finalmente, un detalle no menor: si necesitamos urgentemente un copamiento territorial en algunas zonas del país, con despliegue al máximo del contingente policial y reforzado por anillos de FF.AA., según el Plan de Control Territorial (a construir) indique, es a todas luces evidente que necesitamos elevar el pie de fuerza.
Nuestras Fuerzas Armadas tienen hoy un número reducido de personal, por cierto, con un elevado nivel de profesionalismo y una tecnología como nunca hemos poseído, apto para la defensa, tarea prioritaria de las FF.AA., pero insuficiente para copar territorio nacional. Se puede hacer, se está haciendo, a costa de personal que repite y repite en los diferentes Estados de Excepción, que de excepción ya no tienen nada. Mas, si queremos darle un golpe decisivo a los diversos grupos que le disputan al Estado el control del territorio, tenemos que aportar más recursos. No se trata de comprar portaaviones, sino de elevar el contingente profesional, entrenado y disciplinado, de jóvenes que juran defender a la Patria conforme a la ley y reglamentos vigentes, hasta dar la vida si fuese necesario.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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