Ya en enero del 2011, con ocasión de una visita a Chile, el entonces presidente Alan García fue condecorado con la Orden Bernardo O’Higgins, en el propio Palacio de Gobierno chileno. Por su parte, el exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett le hizo entrega de las llaves de la ciudad.
El 27 de enero de 2014 se conoció el fallo del Tribunal de La Haya, que resolvió la demanda que entabló el Perú respecto del límite marítimo entre ambas naciones. Como sabemos, el fallo otorgó al Perú una amplia proporción de mar patrimonial, que antes del fallo estaba bajo la tuición chilena.
¿Cuál es el balance que como Estado hemos hecho de este resultado? ¿Hemos sacado lecciones aprendidas? ¿Qué efectos jurídicos y políticos generó dicha sentencia? ¿Está ejecutado a plenitud el fallo del Tribunal? ¿Se ejercieron responsabilidades políticas?
Recordemos los antecedentes: el Gobierno de Alan García presentó la demanda el 16 de enero del 2008, desconociendo los tratados que nuestros países, junto al Ecuador, habían firmado en 1952 y 1954. Nuestra Cancillería reaccionó de inmediato y calificó dicho acto como “inamistoso”. Las relaciones, comprensiblemente, se enfriaron.
Después de un largo proceso, el juicio llegó a su momento de fallo a mediados de 2013. Sin embargo, al final su anuncio formal fue a inicios de 2014. Todos lo conocemos, pues el Tribunal acogió gran parte de la demanda peruana e instruyó la armonización de las legislaciones nacionales al derecho internacional. Esto último se refiere al llamado “Mar de Grau”, que según la legislación peruana otorga soberanía sobre las 200 millas. El derecho internacional en esta materia se rige por la Convención del Mar, que Chile ha ratificado desde hace muchos años, no así el Perú, pese a lo señalado en la sentencia.
El propósito de esta columna no es reabrir litigios, ya que hoy solo corresponde el pleno cumplimiento del fallo del Tribunal. El propósito se aproxima a construir las respuestas que formulamos más arriba. Toda institución, toda gran corporación y, por supuesto, todo Estado, debe extraer lecciones aprendidas de sus principales actuaciones. ¿Por qué surgió? ¿Se pudo evitar? ¿Qué corresponde para que no resurjan estos desafíos? ¿Existen responsabilidades?
Una gran conclusión podemos extraer a diez años: que en Chile, como Estado, no hemos efectuado una evaluación crítica de este episodio. Tampoco hemos extraído las correspondientes lecciones aprendidas. Es un tema de la más alta responsabilidad estatal, más allá de los gobiernos de turno.
Buena pregunta, pero requiere analizar dos momentos. En un inicio, la reacción estatal chilena ya fue descrita: el desconocimiento de los Tratados de 1952 y 1954 fue considerado por Chile como un acto inamistoso de parte del Perú. Esa fue la actitud de la Cancillería, del poder político en general, incluidos los organismos asesores de carácter plural que existen. El Perú, por su parte, insistió en que solo estaba en disputa una cuestión jurídica, que no debía interferir en el resto de la relación. Fue el inicio de la llamada estrategia de “las cuerdas paralelas”. En el trasfondo, estaba la próspera relación económica bilateral, donde las inversiones de empresas chilenas en Perú ocupaban un lugar central. Para ello era vital que la controversia por la soberanía marítima quedase en segundo plano y bajarle al máximo el perfil. “Dejemos en La Haya lo que corresponde a La Haya”, sentenció para mayor claridad el entonces Presidente Piñera, al referirse al triunfo de Ollanta Humala en las presidenciales peruanas de 2011.
Chile empezó a adherir a la tesis de la diplomacia peruana, no solo frente al nuevo mandatario. Ya en enero de 2011, con ocasión de una visita a Chile, el entonces presidente Alan García fue condecorado con la Orden Bernardo O’Higgins, en el propio Palacio de Gobierno chileno. Por su parte, el exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett le hizo entrega de las llaves de la ciudad. Chile premiaba al mandatario peruano que nos había demandado ante la justicia internacional.
A una década del fallo, todos los análisis coinciden: mientras la diplomacia peruana mantuvo una línea sostenida, no se puede decir lo mismo de la reacción chilena. Ojo, sería un craso error darle un carácter político-ideológico a este giro, porque es justo reconocer que durante todo este proceso, al interior del Gobierno de Sebastián Piñera, especialmente en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, surgieron profesionales y autorizadas voces críticas. Por la índole de sus cargos, esos funcionarios cumplieron disciplinadamente las disposiciones que imponen carreras jerarquizadas. Para el registro histórico solo mencionemos la firme disposición que tuvo el entonces ministro Andrés Allamand.
De pilón: el fallo se conoció en pleno periodo de transición presidencial. El saliente Gobierno instruyó aceleradamente el cumplimiento de la delimitación que imponía la sentencia. Pero no se preocupó de que ese cumplimiento fuese simultáneo por la otra parte, y el resultado es lo que hoy tenemos.
El fallo lo conocemos. Lo que hoy más nos interesa es conocer sus consecuencias. Desde el punto de vista de nuestra política exterior, significó un golpe a la línea de flotación de nuestra argumentación jurídico-diplomática: la intangibilidad de los tratados. Una de las consecuencias de ello fue que, al poco tiempo, pese a haber construido en años anteriores promisorios avances en confianza mutua, el Gobierno boliviano nos presentó una nueva demanda, esta vez, por lo que conocimos como “la obligación de negociar”. Un importante personero boliviano en aquellos días me lo representaba con júbilo: “Vamos a arreglar nuestros diferendos”, me dijo. “¿Cómo?”, le pregunte. “Vamos a ir a La Haya”, me respondió. Al manifestarle mis reparos, me respondió: “Los chilenos no se molestan con las demandas, son legalistas, ¡mira cómo están hoy con los peruanos! Conocemos la historia también”.
Siempre se adujo por los partidarios de las cuerdas paralelas que la demanda iba a dar por concluidas las reclamaciones territoriales, y que se iba a iniciar una nueva etapa de cooperación y confianza. Lo último lo queremos todos, entrar al futuro y no pasar mirando por el retrovisor. ¿Es lo que ha sucedido después del fallo?
Pocas semanas atrás, en un diálogo académico reservado, un importante diplomático limeño abogaba por el buen momento que pasaban nuestras relaciones. Se le consultó entonces por qué no aprovechábamos para proclamar el fin de las reclamaciones territoriales y por qué Perú no suscribía la Convemar. Su respuesta fue calificar de “flecos” estos asuntos, porque lo importante sería la relación económica y sus proyecciones.
Es lo fundamental. Aprender de los errores, para no volver a repetirlos, es una tarea de Estado, suprapartidaria, alejada de la contingencia, orientados por el superior interés nacional. Indispensable en el funcionamiento de todo Estado moderno.
Por cierto, es del más alto interés nacional el desarrollar las mejores relaciones con nuestros vecinos, y resolver pacíficamente nuestras controversias, pero con riguroso apego a la ley y los tratados. Por eso, aunque no compartimos la estrategia seguida ante la demanda marítima, no dudamos en acatar el fallo de la Corte Internacional, por lo mismo, entendemos que ese fallo no está cumplido a plenitud.
En lo que a nuestro país corresponde, después de diez años, ha transcurrido un lapso prudente para examinar a fondo este episodio. La Historia no se puede tapar con el polvo del olvido, porque Chile está primero.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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