Ya en enero del 2011, con ocasión de una visita a Chile, el entonces presidente Alan García fue condecorado con la Orden Bernardo O’Higgins, en el propio Palacio de Gobierno chileno. Por su parte, el exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett le hizo entrega de las llaves de la ciudad.

El 27 de enero de 2014 se conoció el fallo del Tribunal de La Haya, que resolvió la demanda que entabló el Perú respecto del límite marítimo entre ambas naciones. Como sabemos, el fallo otorgó al Perú una amplia proporción de mar patrimonial, que antes del fallo estaba bajo la tuición chilena.

¿Cuál es el balance que como Estado hemos hecho de este resultado? ¿Hemos sacado lecciones aprendidas? ¿Qué efectos jurídicos y políticos generó dicha sentencia? ¿Está ejecutado a plenitud el fallo del Tribunal? ¿Se ejercieron responsabilidades políticas?

Recordemos los antecedentes: el Gobierno de Alan García presentó la demanda el 16 de enero del 2008, desconociendo los tratados que nuestros países, junto al Ecuador, habían firmado en 1952 y 1954. Nuestra Cancillería reaccionó de inmediato y calificó dicho acto como “inamistoso”. Las relaciones, comprensiblemente, se enfriaron.

Después de un largo proceso, el juicio llegó a su momento de fallo a mediados de 2013. Sin embargo, al final su anuncio formal fue a inicios de 2014. Todos lo conocemos, pues el Tribunal acogió gran parte de la demanda peruana e instruyó la armonización de las legislaciones nacionales al derecho internacional. Esto último se refiere al llamado “Mar de Grau”, que según la legislación peruana otorga soberanía sobre las 200 millas. El derecho internacional en esta materia se rige por la Convención del Mar, que Chile ha ratificado desde hace muchos años, no así el Perú, pese a lo señalado en la sentencia.

El propósito de esta columna no es reabrir litigios, ya que hoy solo corresponde el pleno cumplimiento del fallo del Tribunal. El propósito se aproxima a........

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