La confianza legítima y las normas de amarre |
Es una falsedad sostener que el empleo en el sector público es estático. Otra cosa es suponer algo totalmente equivocado, que es considerar a los empleados públicos como un botín de guerra a disposición del ganador.
En el protocolo de acuerdo suscrito por una parte de las organizaciones que componen la Mesa del Sector Público y el Gobierno respecto de las materias que se incluirán en el proyecto de ley de reajuste de los salarios públicos se incorporan modificaciones a normas relativas a la estabilidad del empleo y la dirigencia sindical del sector público.
En particular, una de las que más conflicto ha presentado es la del punto 14, que modificaría normas relativas a la contrata. Reinstalando el criterio de confianza legítima, lo que supuestamente no le permitiría a la Contraloría General de la República desentenderse de las apelaciones de los funcionarios despedidos de la administración aduciendo que son materias que “devinieron en litigiosas”.
Apenas publicado el protocolo de acuerdo, distintas voces han aparecido sosteniendo que esta es una norma de “amarre”, posición que han seguido incluso parlamentarios oficialistas. Sin embargo, de la lectura del punto en cuestión es imposible deducir que se esté “amarrando” algo, ya que lo que se plantea en la práctica es que, en aquellos casos de funcionarios que pasan de los dos años en contrata, los jefes de servicio mantienen su facultad de poner término a la contrata, pero que esta facultad debe realizarse de acuerdo a lo que desde ya manda la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, es decir, mediante actos fundados y no aduciendo fórmulas genéricas o razones inexistentes en la realidad. Lo otro es que le encarga expresamente a la Contraloría General de la República la revisión de las apelaciones por este tipo de despido.
Dado lo anterior, es difícil que alguien opine que esto es irracional o un “amarre”, ya que lo que dispone es........