Parece inverosímil que tengamos que preguntarnos sobre qué hacer con la seguridad pública en el marco de un Gobierno cuya promesa principal fue que Chile volvería a ser un país seguro.

En la primera fase de Gobierno (de marzo a mayo de 2026) dicha promesa se tradujo en una serie de improvisaciones que le costaron la salida a la ahora exministra Trinidad Steinert. 

Las principales acciones por las que se recordará esta primera (breve) etapa será el temprano anuncio del uso de la atribución presidencial de los indultos; la inauguración de obras de una zanja en el norte del país que, posteriormente, se señalaría que no alcanzaría a estar lista en la fecha prometida; el envío de un oficio reservado solicitando antecedentes de una investigación en Tarapacá; la sorpresiva salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI; la desarticulación de equipos al interior del Ministerio de Seguridad Pública; y las convulsionadas sesiones en la Cámara de Diputados y el Senado donde se expresaría críticas al Gobierno por la ausencia de un plan integral para abordar los urgentes temas de seguridad pública. 

En realidad, el Gobierno sí presentó un plan ante las autoridades legislativas (Ministerio de Seguridad, 2026). Sugirió tres objetivos y un listado de acciones en torno a dichas metas: primero, recuperar el control territorial por la vía del control de la frontera, rutas, calles, cárceles, puertos y terrenos tomados; segundo, mejorar la eficacia la investigación judicial; y fortalecer el Estado ampliando las facultades........

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