Un sistema de control externo voluntario, mediante un sistema de gestión ética, permite afrontar lo que MacIntyre llamó el “poder corruptor de las instituciones”, que se puede describir como la tendencia a hacer de la autoridad política, de su pervivencia y mantención, un fin en sí mismo.

Como es de conocimiento público, el caso de Marcela Cubillos ha llevado a que las universidades privadas estén enfrentando diversos cuestionamientos en los últimos tiempos, principalmente centrados en la transparencia de sus procesos y la justificación de algunos de sus pagos. El Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) ha abierto un debate sobre la necesidad de establecer mecanismos de control más rigurosos, donde se homologuen las actuales exigencias de las universidades estatales a todas las instituciones que reciben fondos públicos.

Más allá de que las políticas de remuneración sean autónomas, es necesario velar por la dimensión ética de los que se observa. Según la última encuesta CEP, de agosto-septiembre 2024, las universidades alcanzan una altísima confianza entre las instituciones del país. Conservar y acrecentar este patrimonio es tarea del conjunto del Sistema de Educación Superior. Es urgente que como sector se pueda responder activamente a estas situaciones, y no esperar a que se legisle en esta materia.

Hace dos siglos, Immanuel Kant, en La paz perpetua, observó que “el problema del establecimiento del Estado tiene solución, incluso para un pueblo de demonios, siempre que tengan entendimiento”. No es necesario vivir en un país de ángeles para que podamos ponernos de acuerdo en ciertos criterios que nos permitan vivir. Pero se requiere de unos “demonios........

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