Tampoco es casualidad que este proyecto salga de los mismos sectores que llevan años cuestionando la legitimidad de estas sentencias. Aprobarlo normalizaría la violencia estatal y pondría a Chile en un lugar incómodamente parecido al de las dictaduras del Cono Sur que se autoamnistiaron.

A propósito del proyecto de indulto a agentes del Estado condenados por delitos cometidos durante el estallido social, lo que se propone, dicho sin adornos, es borrar con un decreto lo que costó años probar en tribunales.

Y no está pensado para quienes cumplieron su deber. Eso hay que decirlo primero y decirlo bien.

Se indulta a personas condenadas, después de procesos judiciales largos y con sentencia firme, por lesiones, torturas, homicidios. Llamarle “servicio” a eso no es un matiz de lenguaje. Es una mentira, y una mentira con consecuencias jurídicas concretas.

Hay algo más ahí debajo, y conviene nombrarlo sin rodeos: cuando el poder público indulta a sus propios agentes, no está perdonando a un tercero. Se está perdonando a sí mismo. Un poder del Estado absuelve lo que otro poder del mismo Estado condenó. Esa es, en el fondo, la operación que este proyecto quiere volver rutina.

No es solo una lectura política del momento, aunque también lo sea. Es, sobre todo, un problema jurídico, y no uno nuevo. Hay más de 20 años de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos........

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