Existe en la Ley 2272 de 2022 —la Ley de Paz Total— una asimetría temporal que la doctrina constitucional aún no ha resuelto y que el calendario está convirtiendo en problema concreto. La lectura conjunta de sus artículos 19 y 20 conduce a un resultado preciso: el artículo 2.º —que define la seguridad humana, la paz total, la política de paz como política de Estado y la tipología dual entre grupos armados organizados al margen de la ley (Gaoml) y estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (Eaocai)— rige de manera permanente desde el 4 de noviembre de 2022. En cambio, los instrumentos operativos de la ley, contenidos en los artículos 3.º a 9.º y 15, tienen vigencia cuatrienal y caducan el 4 de noviembre de 2026, salvo que el Congreso los prorrogue. La definición sobrevive; la maquinaria que la desarrolla, no.

De esa dualidad surgen dos preguntas de fondo. ¿Es compatible la vigencia permanente de un catálogo de definiciones con la caducidad de los preceptos que lo materializan? Y, más exigente: ¿puede una norma puramente conceptual producir efectos jurídicos vinculantes en ausencia de los preceptos sustantivos que la concretan? No son cuestiones de seminario. Tienen fecha de vencimiento y tienen territorio, porque el derecho administrativo de la paz desplegado por el Gobierno entre julio de 2024 y diciembre de 2025 ofrece un material empírico excepcional para responderlas. Un laboratorio jurídico en tiempo real. Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) —áreas rurales delimitadas donde se concentran, de forma voluntaria y gradual, miembros de grupos armados para transitar al Estado de derecho— funcionan como un laboratorio donde puede observarse qué papel cumple realmente el artículo 2.º. El recorrido normativo es revelador, y en él la calificación de cada actor decide el régimen aplicable. La Resolución 257, del 8 de julio de 2024, abrió el espacio de conversación sociojurídico con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), calificándolo inicialmente como Eaocai —es decir, por la vía del sometimiento a la justicia, no de la negociación política—. La Resolución 369, del 13 de septiembre de 2024, instaló la mesa con los comuneros del Sur, escindidos del Eln, pero los calificó como Gaoml, habilitando un verdadero acuerdo de paz: en abril de 2025 el grupo se convirtió en el primer........

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